Este martes la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe elaborado por expertos forenses sobre los presos que murieron en un motín en la cárcel La Modelo en Bogotá en marzo de este año y que dejaría en evidencia que esos decesos habrían sido intencionales.
Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2020 cuando en horas de la noche se informó de que en el centro penitenciario, ubicado en la localidad de Puente Aranda, se habría iniciado un intento de fuga que finalmente dejó 24 internos muertos y 107 heridos, incluyendo 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios. El motín se produjo en el contexto de varias protestas en las cárceles del país en reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del covid-19.
Por pedido de HRW, el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT) analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia luego de ocurrida la tragedia en esa cárcel.
Los expertos concluyeron que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”. Los expertos agregaron que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
“Este nuevo informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”, agregó Vivanco.
El rol de la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello
El 21 de marzo, la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un “plan criminal de fuga”.
Es más, el 23 de marzo, en un audio revelado por La Nueva Prensa de lo que parece ser una reunión entre Cabello y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) luego de los motines, se escucha a Cabello decir que se “siente orgullosa” y que “agradece mucho” a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga.
En agosto, el Congreso nombró a Cabello como nueva procuradora General y es esa entidad de control la que lleva adelante las investigaciones disciplinarias de funcionarios públicos que estarían involucrados en las muertes de La Modelo.
Enfatiza HRW en que Cabello asumirá la nueva función en enero y existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre los hechos en La Modelo, dado su anterior cargo como ministra y el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido.
“Deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en La Modelo se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos”, subrayó Human Rights Watch.
Sobre las firmas forenses
El IFEG es un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países, que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales.
Mientras que el IRCT es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos. Es una coalición de 158 centros de rehabilitación en 74 países. El informe que encargó Human Rights Watch fue elaborado por Morris Tidball-Binz, Duarte Nuno Viera y James Lin.
Los 24 informes de autopsia examinados por los expertos internacionales no anexaban fotografías, bosquejos, análisis de balística ni información de investigaciones en el lugar de los hechos. Human Rights Watch corroboró la autenticidad de los informes de manera independiente.
Este es el informe que presentó HRW
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