La procuraduría le pide al Gobierno no dejar de lado a la población raizal en la reconstrucción de San Andrés

Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que afectaron de manera especial el archipiélago de San Andrés y Providencia, familias enteras quedaron sin hogar, de hecho, la infraestructura de Providencia, según se ha venido informando, quedó destruida en un 98%. La Procuraduría, teniendo en cuenta la necesidad que existe en el momento en la zona, le solicitó al Gobierno que no se olvide incluir a la población raizal ubicada allí en el proceso de reconstrucción de la isla.

“Con el objetivo de lograr una mejor articulación entre el Estado y las comunidades como uno de los pasos neurálgicos en el marco de la atención de la emergencia y la fase de reconstrucción, es importante garantizar la participación efectiva del pueblo raizal, conocedor de su territorio, con características culturales, económicas y sociales particulares”, señaló un documento de dos páginas firmado por el procurador general de la Nación, Fernando Carillo.

El Carrillo, quien recientemente designó al procurador para la Restitución de Tierras, Joaquín Polo Montalvo, para hacer un seguimiento preventivo del plan que está adelantando el Gobierno nacional en las zonas afectadas por la emergencia ambiental, aseguró en la carta que “en forma propositiva, insta al Gobierno nacional para que agilice las acciones tendientes a la elaboración del plan de acción específico, involucrando al pueblo raizal en la toma de decisiones con el fin de garantizar sus derechos y a su vez evitar eventuales traumatismos en la elaboración y ejecución del mismo”.

Según la resolución de la procuraduría, el delegado “deberá hacer un seguimiento preventivo al plan de emergencia que establezca el Gobierno nacional, velar por la articulación interinstitucional necesaria para lograr superar la emergencia, estimular y facilitar los espacios de diálogo con la población afectada por la tragedia y contribuir a la organización de los diversos canales de ayuda a los damnificados”.

Junto con Polo Montalvo estará la delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, Myriam Méndez Montalvo, quien se desplaza también a la zona para unirse a las labores de auxilio a los damnificados de Iota y Eta, que ya se han ido adelantando por grupos de ayuda originarios del archipiélago.

Con el fin de atender a más de 70.000 personas, la procuraduría busca que sus delegados revisen de cerca que se garantice el derecho a la salud de la población, lo que implica la correcta entrega de dotaciones médicas necesarias para la atención de todos los habitantes. Esto incluiría, según el ente de control, la renovación de equipos que se encuentran en este momento en el Hospital Clarence Lynd Newball Memorial de San Andrés.

Las construcciones que se hagan, teniendo en cuenta el plan de Iván Duque que pretende recuperar la totalidad del archipiélago en cien días, deben contar con las normas de sismoresistencia correspondientes para evitar una nueva tragedia en el futuro, teniendo en cuenta que la probabilidad de que este tipo de fenómenos puedan afectar a las costas más adelante es alta.

Previendo esto, la procuraduría, de la mano de sus dos delegados, también buscarán que se garanticen los refugios que, según denunciaron, se vienen solicitando desde el 2018 para el archipiélago, precisamente, para evitar que los pobladores se vieran obligados a quedarse a la intemperie en caso de huracanes o tsunamis, como pasó en esta ocasión en la primera fase de la emergencia.

Polo Montalvo y Méndez Montalvo, también harán un recorrido por los albergues que ahora hospeda a los damnificados de Iota y Eta, la idea es ver las condiciones en las que se encuentran y poderles ofrecer sustentos en caso de ausencia de tener necesidades que no hayan sido atendidas aún.