Documentos y testimonios probarían que cuerpos en Dabeiba sí fueron víctimas de ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de entrevistar a 14 militares vinculados con los asesinatos de campesinos dados como bajas en combate, ha hallado 71 cuerpos víctimas de los llamados ‘falsos positivos’. Estos documentos y testimonios corroborarían que los cuerpos de cinco campesinos hacen parte de las ejecuciones extrajudiciales investigadas en los macrocasos 03 y 04.

El Espectador reveló información del expediente judicial de la JEP que adelanta investigaciones sobre la muerte de cinco campesinos víctimas de los ‘falsos positivos’. Un testigo aseguró, en 2008 a la Fiscalía y en 2020 ante la JEP, que, el 14 de noviembre de 1997, Albeiro Úsuga Uribe y sus vecinos, Wilson Jairo Manco Úsuga, Jorge Eliécer Manco Úsuga, de 13 años, e hijo de Félix Manco Durango, fueron sacados a la fuerza de sus casas por miembros del Ejército Nacional. El testimonio señaló que los cuatro campesinos fueron obligados a bajar sus cabezas mientras se alejaban del lugar. También explica que fueron amarrados.

Esta versión, señala el medio, coincide con el testimonio de Efrén Úsuga, hermano mayor de Albeiro Úsuga, quien relató a El Espectador que, según su madre y otro testigo, a las tres de la mañana, hombres armados entraron a su casa y se llevaron a Albeiro. También señaló que eran alrededor de 100 los individuos que cubrieron sus rostros y se llevaron a varios campesinos del lugar.

Días después, su familia inició el proceso de búsqueda de Albeiro, pero, una semana después de la masacre, recibieron amenazas. Por ello, ese mismo día tomaron la decisión de irse a Medellín. Efrén también aseguró que, por temor a ser asesinados, nunca más preguntaron por el paradero de su hermano.

Según El Espectador, al día siguiente de que el Ejército se llevó a Albeiro, su cuerpo fue encontrado en Dabeiba. La Fiscalía inició la investigación del caso el cual se remitió a la justicia penal militar el 21 de noviembre de 1997, pues encontraron junto a la víctima, dos escopetas calibre 20; dos granadas N26, una riata (látigo)con cartuchera, un revólver calibre 38, cinco cartuchos quemados, un tarro con pólvora, 120 cartuchos de fusil AK 47, una soga y otros implementos. El organismo de control, el 26 de febrero de 2020, confirmó lo anterior ante la JEP.

La familia de Albeiro volvió a tener información de él cuando la JEP llegó a Dabeiba. Fue Efraín quien se acercó a Medicina Legal para la toma de la muestra de ADN que, finalmente, corroboró la identidad de su hermano.

Otro de los casos es el de los tres campesinos de una misma familia, vecinos de Albeiro, que también fueron asesinados por el Ejército ese día. Esther Marina Úsuga, esposa de Félix Manco Durango y madre de Wilson Jairo Manco Úsuga y Jorge Eliécer Manco Úsuga, quien le contó al medio que ella se salvó porque se tiró al rastrojo. También señaló que ninguno había recibido amenazas contra su vida. El Espectador recalcó que la denuncia tardó 11 años en hacerse y, pese al testimonio de Esther, quien murió antes del esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía decidió archivar el caso en 2008 al no encontrar responsables.

Según la JEP, los casos reposaban en los juzgados 36 y 114 de la Justicia Penal Militar como investigaciones de bajas en combate.

La tercera visita de la JEP al municipio también permitió atribuir el asesinato de Édison Lezcano, campesino de 13 años, a las fuerzas militares. La investigación de El Espectador señaló que Lezcano fue sacado de forma violenta de su casa por miembros del Ejército el 18 de mayo de 2002. Pese a que la Fiscalía cerró el caso, fue la misma entidad la que decidió, ocho años después, reabrirlo en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Su esposa, Rubiela Manco, en una entrevista a la Policía Judicial, declaro que, cuando su familia fue a buscar el cuerpo de Édison a Dabeiba, los militares le preguntaron cuál guerrillero iba a reclamar. También le dijeron que su cuerpo se encontraba en el hospital, pero la afirmación era mentira. Rubiela aseguró, además, que un testigo fue quien logró ayudarlos a dar con el paradero de Édison. Su testimonio reveló que los militares lo llevaron a una finca, donde operaba el Batallón Nº 26, ubicada en el cementerio de Dabeiba y enterraron su cuerpo. El testigo fue quien le entregó la llave a los miembros del Ejército para que ingresaran al lugar.

Los documentos de la Fiscalía señalan que el cuerpo de Édison pertenecía a un miembro de las ONT-Farc dado de baja durante enfrentamientos con el Ejército. El Espectador también señaló que Medicina Legal encontró el cuerpo junto a 41 cartuchos, 3 minas explosivas, uniformes camuflados, un fusil AK 47 y otras pertenencias. Por otro lado, la autopsia concluyó que un disparo debajo de su oreja fue el que acabó con su vida. Édison, al parecer, fue atacado por la espalda en estado de indefensión.

La JEP encontró su cuerpo en el cementerio, pues estaba enterrado como NN. La familia demandó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la muerte de Édison. Su esposa aseguró al medio que recibió $183 millones como reparación por los hechos ocurridos.

Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli explicó al medio que, además de la reparación monetaria, el Estado debe cumplir con la identificación de los cuerpos. También aseguró que los casos de Dabeiba padecen la revictimización, pues aun son juzgados como militantes de las Farc.