Los otros ‘Dilan’: tres casos de presunto abuso de autoridad y violencia policial son materia de investigación en 2020

El 25 de noviembre de 2019, días después de haber permanecido hospitalizado tras recibir el impacto de un proyectil de la munición bean bag, por parte de un agente del Escuadrón Móvil antidisturbios (Esmad) de la Policía, Dilan Cruz, un joven de 18 años, falleció. El disparo se dio durante una jornada de manifestaciones, en el marco del Paro Cívico Nacional del 21 de noviembre, en el que, entre otras, se marchaba en defensa del derecho a la vida.

El caso de Dilan, sin embargo, no ha sido el único en el que civiles han perdido la vida, al parecer, por el uso desmedido de sus armas, así como abuso de autoridad, por parte de miembros de la Policía. En Infobae hacemos un recuento de cinco casos que se han dado en este último año tras la muerte del joven y que hoy son materia de investigación.

Caso del estudiante de derecho Javier Ordóñez

La madrugada del 9 de septiembre de este año, en la Clínica Santa María del Lago de Bogotá, falleció el estudiante de derecho Javier Ordóñez, luego de un presunto abuso de autoridad por parte de dos patrulleros del CAI de Policía del barrio Villa Luz.

En videos, que se hicieron virales y desataron una ola de protestas el 9 y el 10 de septiembres en el país, se evidenció cómo, pese el estado de indefensión de la víctima y sus súplicas, los uniformados le aplicaron descargas eléctricas de forma desmedida con ‘taser’. Además, Harby Rodríguez, uno de los patrulleros involucrados, confesó ver a Juan Camilo Lloreda, su compañero, golpear a Javier Ordóñez en el interior del CAI.

“Se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez fue objeto de violencia física a pesar del estado de indefensión en que se encontraba, mientras permaneció en el CAI Villa Luz […] sin consideración alguna, Javier Ordóñez recibió golpes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda”, señaló la Procuraduría, en cabeza de la investigación a los uniformados, el pasado 27 de octubre, cuando los destituyó e inhabilitó durante 20 años de sus cargos, por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.

13 fallecidos durante el pasado 9 y 10 de septiembre

A raíz de la muerte de Javier Ordóñez, en Bogotá y el país se llevaron a cabo dos jornadas de protesta social, el 9 y el 10 de septiembre pasados, en contra del abuso policial, que, paradójicamente, detonó en más excesos por parte de las autoridades. Así lo manifestó la propia alcaldesa de la capital, quien le entregó el presidente Iván Duque un video en el que recopiló las evidencias del uso indiscriminado de sus armas por parte de algunos miembros de la Policía.

En cuestión de dos noches, fallecieron diez ciudadanos en Bogotá y tres en Cundinamarca, presuntamente, por los impactos de bala de las armas de las autoridades, hechos que aún se están investigando y de los que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han dado resultados concretos; al menos no los han hecho públicos.

Los acontecimientos, por los que Claudia López pidió perdón a los familiares de las víctimas en la Plaza de Bolívar, evento al que el presidente Duque no asistió, fueron documentados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como una de las 76 masacres que se han perpetrado en el país.

Incendio en una estación de Policía de Soacha

El 10 de noviembre pasado, el concejal de Bogotá Diego Cancino, de Alianza Verde, denunció públicamente que lo que parecía ser un incendio en la Estación de Policía de San Mateo, en Socha, que desembocó en la muerte de ocho jóvenes que estaban detenidos, se trató de una “masacre” en la que hubo participación de los uniformados que prestaban su servicio allí. El suceso fue el 4 de septiembre, es decir, cinco días antes del abuso de autoridad en el caso de Javier Ordóñez.

Según Cancino, el día de los hechos, los policías de la estación en mención no dejaron que los familiares de los “alrededor de 20 privados de la libertad” los visitaran. Además, afirmó a los medios que no les estaban dando de comer, razón por la que, para provocar un motín, los detenidos quemaron un colchón del recinto. Lo grave, explicó el cabildante, es que, al parecer, los policías agregaron gasolina al fuego para que las llamas aumentaran.

“Los policías salieron y dejaron a los chicos encerrados. No dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron”, dijo el concejal, en ese entonces, agregando que los cuerpos de los fallecidos tenían quemaduras por gasolina y que las madres de las víctimas estaban amenazadas por los uniformados, razón por la que no habían hablado del hecho.

Tras las denuncias del cabildante, ese mismo día las Procuraduría asumió la investigación sobre los hechos.