El director ejecutivo de la Fundación de Usuarios del Sistema de Seguridad Social Colombiano (Fusissco) y también Veedor Nacional de Salud, José Villamil, interpuso una denuncia contra el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, dado el caso de corrupción que vinculó a Eva Katherine Carrascal, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, con aparentes favorecimientos a varias I.P.S y la entrega de información privilegiada a cambio de dinero.
La defensa de Carrascal, presunta líder de la organización de corrupción, había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía. Pero, a finales de octubre, un juez de Bogotá lo negó en primera instancia. Carrascal se enfrentaba a seis años y seis meses de prisión, una multa por 69 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la devolución $400 millones. Además, el preacuerdo se solicitó, según El Tiempo, para los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada y falsedad en documento privado.
Los pagos recibidos por Carrascal fueron invertidos en un apartamento en la zona norte de Bogotá, señaló el medio. El dinero fue pagado por las I.P.S Aser Salud, Clinical Corporation y G3. Además, durante el procedimiento de captura se encontraron cheques por un valor de $12 millones y $4 millones en efectivo, señaló Noticias Caracol.
Carrascal, durante 2016 y 2018, habría formado una red de corrupción con Guillermo Enrique Grosso, exagente interventor de Saludcoop E.P.S, el expresidente de Cafesalud E.P.S. y dos personas más. Los beneficios para la exsuperintendente reportaron un incremento patrimonial que ascendió, entre 2016 y 2017, a más de $700 millones, señaló la Fiscalía.
El órgano de control desaprobó el actuar delictivo de la entonces investigada pues, entre el 7 de abril de 2015 y 23 de enero de 2018, tiempo en el que desempeñó su cargo, recibió dinero de empresas e instituciones prestadoras de salud “por los pagos de cuentas médicas de las I.P.S que prestaban sus servicios a E.P.S”, reiteró La República.
La denuncia, dada a conocer por El Espectador, solicita el inicio de investigaciones por estos mismos hechos contra Fabio Aristizábal y el Superintendente delegado para la supervisión del riesgo. La Procuraduría también señaló que Carrascal aceptó los cargos ante el Juzgado 25 de Circuito Penal de Bogotá. Por ello, Villamil sospecha que hay más miembros involucrados de la Superintendencia.
Asimismo, Villamil exige el esclarecimiento de la verdad y la identificación e individualización de los funcionarios pertenecientes a “este cartel de las liquidaciones de las entidades promotoras y prestadoras de salud”.
El Veedor Nacional de Salud también denunció a Never Enrique Mejía Matute de la Sociedad de Auditorías & Consultorías S.A.S, entidad que fue contratada para hacer seguimiento a Medimás E.P.S. Para Villamil, se crea un panorama de inestabilidad financiera para tomar decisiones administrativas y tomar el control de las empresas para llevarlas a la liquidación
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