Guerrilleros del ELN ‘decretan’ toque de queda en comunidades Emberá de Antioquia

La Comisión Interclesial de Justicia y Paz (CIJP) alertó, a través de un comunicado, que la comunidad Emberá del municipio de Murindó, departamento de Antioquia, fue amenazada con la imposición de un toque de queda. El Frente de Guerra Omar Gómez, del ELN, hizo el anuncio a través de un volante hecho a mano y firmado por sus integrantes.

Según la Comisión, el grupo armado ilegal ordenó el toque de queda desde el 20 de noviembre a las 5:00 p. m, pero no especifica su culminación. Está dirigido, además, hacia los resguardos Chimiadó, Bachidubi, Coredocito, Guayabal, Bidoquera, Isla Gua Gua, Ñarangue y Chagerado. El panfleto, además, le ordena a la guardia indígena repartirlo a la comunidad.

Las comunidades actualmente se encuentran en medio de operaciones de control social territorial ejecutadas por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en las zonas altas de la región y sobre el río Murindó, donde se desarrollan operaciones del ELN. A pesar de que el panfleto esté escrito a mano y se haya solicitado al ELN confirmar si es de su autoría, las comunidades están bajo la zozobra de esta nueva amenaza.

La comisión también denunció que, el pasado 31 de octubre, hacia las 5:00 a. m, cuatro indígenas de la comunidad Emberá de Nuevo Cañaveral fueron retenidos e intimidados por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con amenazas de muerte contra líderes, lideresas y miembros de la Guardia Ambiental que habrían erradicado 150 hectáreas de cultivos de coca protegidos por la estructura armada pese a estar en territorio de los resguardos. Al no encontrar a los líderes, ordenaron la prohibición del uso del casco en la vía Urada-Mutatá con el fin de dar prontamente con su paradero.

Además, el 12 de noviembre, alertaron que en el resguardo Urada Jiguamiandó de la comunidad Emberá, 50 miembros de las ya mencionadas Autodefensas, hicieron presencia durante cuatro días para exigir la entrega del censo de sus habitantes e información del guardia ambiental Joaquín Cuñapa Carupia y varios líderes del Cabildo Mayor Emberá del Resguardo Indígena Jiguamiandó (CAMERUJ).

La Comisión Intersclesial de Justicia y Paz es una organización en busca de la construcción de paz hacia una democracia con justicia integral. Desde 1988 ha promovido, defendido y apoyado la exigencia y cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, de género, civiles y políticos de personas y procesos de organización rurales y urbanos frente al Estado y actores privados.

Según El País de España, de los 22 corredores del conflicto armado analizados por la Comisión de la Verdad, 17 se ubican en territorios étnicos. La comisionada Patricia Tobón Yagarí aseguró que esto ha propiciado que los grupos armados ilegales hayan convertido estas zonas en sus epicentros y lugares de confrontación entre guerrillas, paramilitares y ejército. Además, señaló que el abandono por parte del Estado y la ocupación de sus territorios por narcotraficantes agravan la situación.

El diario español también recalcó que casi 400.000 indígenas, de los 1,9 millones, aproximadamente, han sufrido las confrontaciones y la violencia de los grupos armados ilegales. Un gran porcentaje ha tenido que dejar sus territorios. Además, entre 1982 y 2017, el Centro de Memoria Histórica reportó 742 masacres en territorios indígenas. También es preocupante que 68, de los 115 pueblos indígenas de Colombia, están en riesgo de exterminio pese a las acciones del gobierno.