Pablo Victoria, exsenador y exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, fue notificado que la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela presentada con el fin de salvar su mesada por pensión de 21 millones de pesos.
Esto se dio después de que un fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidiera que dicha pensión, recibida por el excongresista por más de 10 años, no respondía a un derecho de Victoria. Posteriormente, el alto tribunal solicitó que el Fondo de Pensionados del Congreso retirara dicho monto.
Ante la tutela interpuesta en septiembre de este año, que argumentaba un perjuicio, los magistrados aseguraron que el excongresista no se encuentra ante un perjuicio irremediable, ya que dicho beneficio otorgado a Victoria hace diez años era ilegítimo.
Según el fallo, no se debe asumir que hay un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante solicitud de amparo, “de lo contrario, todos las providencias judiciales o actos administrativos que establecen situaciones desfavorables tendrían que ser suspendidos por vía de tutela”, sentenció el alto tribunal.
A pesar de que los magistrados consideraron improcedente la petición de Victoria, el representante de Victoria y expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Eduardo Gómez, impugnó bajo argumentos que señalan que el problema jurídico no fue resuelto de manera adecuada. Incluso, agregó que hubo excesivo formalismo en la sentencia.
“Estamos en manos de una justicia inoperante, de una justicia que no toma en consideración las cosas, porque ni siquiera leen. A la magistrada varias veces se le advirtió que en su despacho estaban las pruebas, el expediente, que por favor las mirara y no lo hizo”, expresó el excongresista en diálogo con El Tiempo.
Según el político conservador, “estamos en manos de una justicia que no funciona como debería funcionar”. De acuerdo con sus declaraciones al medio, en caso de no poder salir victorioso de este trámite, acudirá a un proceso ordinario que demoraría diez años en dar resultados.
“Y dentro de 10 años yo soy cadáver”, finalizó.
Libros por años de servicio
El caso se desató por una controversia con la declaración de años de servicio del excongresista Victoria. El aforado declaró haber trabajado por diez años y, por un curioso requisito, pudo convalidar 5 libros escritos por él y convertirlos en otros diez años de servicio ante la ley.
Dicha ley data de 1886, que permitía pasar libros usados como texto por dos años de servicio que sumara más tiempo al considerar una jubilación. Según la primera versión de Victoria, el excongresista contaba con 25 años, 10 meses y 15 días de servicio. Sin los libros, solo acreditaría cerca de 16 años.
En 1999, el Fondo de Pensionados del Congreso demandó el acto administrativo, expedido por la misma corporación, que le concedía a Victoria una cuantiosa mesada pensional. En febrero de 2018, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acreditó en su decisión al Fondo y argumentó que Victoria había escrito libros que no cumplían con los requisitos de la ley de 1886.
En julio de 2019, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los montos que recibe Victoria, que ascienden los 20 millones de pesos. Sin embargo, en septiembre del presente año, el excongresista instauró una tutela contra la corporación, que argumentó una supuesta labor del político conservador en una empresa familiar, en la cual no validó cuatro años de servicio.