Denuncian posibles represalias contra la comunidad por la muerte de alias Caín

Desde hace dos días, 70 campesinos se han visto obligados a dejar sus tierras en la vereda Buenos Aires, del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, ante la intimidación de hombres armados, según informó Bluradio. Aunque no se identificaron con ningún grupo ilegal, se cree que son Los Caparros, como represalia después de que, hace cuatro días, el máximo líder de este grupo armado organizado, alias Caín, fuera abatido por la fuerza pública en la vereda La Unión, enTarazá, Antioquia.

La comunidad que huyó del municipio es atendida por la alcaldía de Caucasia, después de que llegaran al casco urbano en busca de apoyo.

El grupo armado difundió un panfleto que ordena el toque de queda desde las 6:00 p. m del 20 de noviembre hasta las 6:00 a. m del 23 de noviembre. Por ello, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, activó un plan de acompañamiento con la administración municipal y se reforzó la seguridad con apoyo de la Policía Nacional.

Óscar Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías (PSG), alertó, según Blurardio, que el poder territorial sigue presentándose en la zona, pese a la captura o muerte de líderes de grupos armados ilegales. Los hechos, que no están asilados, son un ejemplo de la grave situación de seguridad que se vive en la región.

Zapata, además, le aseguró a Bluradio que con la muerte de alias ‘Caín’ no se solucionarán los problemas de seguridad en el Bajo Cauca, pues es necesario que el gobierno desarrolle estrategias efectivas para desmantelar las estructuras criminales de la zona.

Alias ‘Caín’

Emiliano Alcides Osorio Macea, alias ‘Caín’ o ‘Pílatos’ era considerado el principal ideólogo de homicidios de líderes de Derechos Humanos en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, señaló la Fiscalía General de la Nación el 16 de noviembre, día en el que fue dado de baja cuando el Ejército procedía a efectuar un allanamiento en zona rural de Tarazá.

La operación fue desarrollada gracias a información de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol); grupos de Operaciones Especiales rurales (GOER) de la Policía de Carabineros y tropas del Ejército.

La Fiscalía aseguró que era el encargado del control de cultivos de coca y extorsiones en el Bajo Cauca. Su prontuario delictivo sumaba más de 16 años, pues perteneció al Bloque Mineros de las Autodefensas de Córdoba. En 2006, se unió a la subestructura Virgilio Peralta Arenas del Clan del Golfo y, posteriormente, se vinculó a Los Caparros. Según El Tiempo, logró que 200 hombres en armas del Clan del Golfo se unieran a él. Además, desarrolló alianzas con el ELN y las estructuras 18 y 36 de las disidencias de las Farc. Por estos antecedentes, las autoridades ofrecían $500 millones de pesos para dar con su captura.

Además, era requerido por narcotráfico, concierto para delinquir, homicidio, tráfico y porte de armas de fuego, desplazamiento forzado y extracción ilícita de minerales.

El Ministerio de Defensa indicó que era el responsable de las extorsiones a empresas de transporte de Tarazá y Caucasia en Antioquia y del desplazamiento forzado en la región. Además, según un oficial de inteligencia consultado por El Tiempo, empleaba la tortura y desmembramiento como método de coacción contra familiares y personas cercanas al Clan del Golfo.