Supersalud ha emitido sanciones por 600millones de pesos a EPS e IPS por negar interrupción del embarazo

En Colombia, el aborto es legal en tres causales que fueron determinadas por la Corte Constitucional en 2006: cuando haya riesgo para la vida o la salud física y mental de la mujer, cuando haya malformación del feto y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y el movimiento Causa Justa, organización que busca que las mujeres puedan, de manera libre e informada tomar decisiones autónomas sobe su embarazo, denunciaron que, a pesar de que existen las tres causales legales para abortar, las EPS no están atendiendo a las mujeres que necesitan del procedimiento y por el contrario, les están poniendo trabas para acceder a estos servicios.

En los últimos días, se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a diferentes EPS e IPS por negar el servicio de interrupción del embarazo a mujeres que cumplen con las causales. Hasta el momento se han puesto sanciones con multas por un total de 629 millones de pesos.

La sanción más alta fue interpuesta el pasado 16 de septiembre a Compensar por 298 millones de pesos, por incumplir las instrucciones de la Supersalud en las que le pedía un reporte sobre las mujeres que han acudido a la EPS solicitando la interrupción del embarazo. En febrero de 2018 se conoció la demanda de una mujer a la que esta misma entidad le negó el servicio de IVE, además de otros procedimientos no incluidos en el POS, denuncia que hizo que la EPS fuera multada con 234 millones de pesos.

A Compensar le sigue la EPS Servicio Occidental de Salud, quien recibió una multa de 64 millones de pesos, por no responder a una solicitud de Interrupción del embarazo. También, porque no refutó con argumentos válidos para la Superintendencia, el por qué no le realizaron el procedimiento a la mujer.

Por otro lado, el hospital regional del Magdalena Medio recibió una multa de 32 millones de pesos por negar el procedimiento de aborto a una mujer víctima del conflicto armado que había sido violada.

Y las IPS no se quedan atrás, según la información reportada por la Superintendencia de Salud, cuatro de las nueve IPS a las que se les realizó auditoría sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, no cumplieron con las medidas necesarias. Estas fueron: el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el hospital San Rafael, de Ebéjico (Antioquia), el hospital San Joaquín (Nariño), y el hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, en Sincelejo (Sucre). Al parecer, ni siquiera usaban un anticonceptivo de emergencia en caso de que hubiese riesgo de embarazo y tampoco informaban a las víctimas sobre las ayudas psicológicas después del trauma.

En lo corrido del 2020, la Superintendencia reportó que han recibido 57 quejas de mujeres a las que les negaron el servicio de interrupción del embarazo voluntario. Según la institución el 100% de las denuncias fueron tramitadas y solucionadas. Sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el óptimo pues varias de las EPS tardaron hasta 66 días en solucionar, lo que es perjudicial para las mujeres.

En noviembre de 2020 se confirmó que el Gobierno Nacional no va a apoyar la demanda del movimiento Causa Justa. La petición enviada por el colectivo pide la despenalización total del aborto en Colombia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia respondió que no hay razón para dar un paso más allá por vía judicial ya que la competencia para despenalizar el aborto es del Congreso.

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