Informe relata cómo los soldados de Colombia y sus familias fueron víctimas del conflicto entre 1985 y 2018

Este miércoles 18 de noviembre, se presentó ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el informe ‘Soldados sin tierra: relatos de soldados y familiares víctimas del desplazamiento forzado entre 1985 y 2018’. En el evento se destacó que a lo largo de los 33 años analizados, según la Unidad para las Víctimas, 218.060 soldados y sus familiares sufrieron el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.

Para el Ejército Nacional esta fue una oportunidad para visibilizar un fenómeno que en muchas ocasiones es silencioso y que afecta los proyectos de vida, los lazos comunitarios, las construcciones identitarias y las relaciones que se tienen con los territorios.

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Este nuevo informe, que fue realizado por la firma Jaime Arteaga y Asociados, logró exponer con datos concretos las afectaciones que el desplazamiento forzado ha tenido en los integrantes de la institución y en sus familias.

De acuerdo con la información recolectada, entre 1985 y 2018, en Colombia se registraron 8.644.149 hechos de desplazamiento forzado, de los cuales 218.060 fueron contra miembros del Ejército y/o integrantes de su grupo familiar, lo que corresponde a un 25% del universo total de casos relativos a este delito en el país.

El Espectador detalló que el 95 % pertenecían al estrato 1 y 2; el 6,7 % no tenían acceso a servicios públicos; el 3,8 % pertenecía al estrato 3 y el 0,7 % al estrato 4.

Son cinco los departamentos los que constituyen el 43% de casos de desplazamiento forzado en militares, civiles y sus familias, y el 46% en retirados y sus familias: Antioquia, Tolima, Caquetá, Valle del Cauca y Cauca.

Las Farc, el Eln y el Epl, fueron señaladas como las principales responsables de estos hechos, tanto en el caso de militares en servicio como retirados.

En el informe se evidencia cómo el desplazamiento forzado ha sido empleado por grupos armados organizados como una estrategia sistemática de lograr el control de las poblaciones, territorios y corredores de movilidad, con el fin de mantener el sostenimiento de la guerra a través de la explotación de los territorios, la amenaza a los habitantes y las economías ilícitas.

Durante la presentación, Estefanía Orozco, de la firma Jaime Arteaga y Asociados, señaló que “es fundamental el reconocimiento de la sociedad, las instituciones y las mismas víctimas sobre estos hechos, como una arista más de la complejidad del conflicto colombiano”.

Entre tanto, Carlos Ospina, comisionado de la Verdad, manifestó que el informe contiene “algo doloroso”, pero “es de gran importancia para el país” debido a que recoge lo que pasó en el conflicto armado como un tema que estaba “inviabilizado”.

Por su parte el auxiliar de la JEP, Roberto Vidal López, manifestó la necesidad de que las víctimas que integran el informe “sean reconocidas”, además de que el país “las abrace y que sean reparadas” para que puedan reconstruir sus vidas.

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“Este informe nos sirve para avanzar en investigaciones destinadas a establecer los hechos y ver el alcance de los daños que nos permitan entender lo que todo esto provocó en el país. Hay que conseguir a los responsables y sancionarlos con la observancia de todas las garantías”, precisó el magistrado.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, expresó su solidaridad con las familias que sufrieron el desplazamiento por tener dentro de su núcleo un soldado. “Esto nos lleva a hacer una reflexión sobre el sentido del conflicto y sobre cómo las familias campesinas vivieron y sufrieron la victimización en Colombia”, dijo De Roux.