Corte Suprema no entablará diálogo alguno con la Unión Interparlamentaria por el caso de Álvaro Uribe

Luego de conocerse este miércoles que el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) aceptó estudiar el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envío una fuerte respuesta a esa organización y argumentó que no tiene las facultades para juzgar las actuaciones del alto tribunal.

Las defensas de Uribe y del representante Álvaro Hernán Prada fueron quienes acudieron a la Unión Interparlamentaria argumentando que habían irregularidades en el proceso que abrió la Corte contra los políticos por presunta manipulación de testigos.

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Para la UIP, los acusados interpusieron de manera correcta la denuncia y agregaron que “hacen referencia a presuntas amenazas, actuaciones intimidatorias, detención y arresto arbitrarios, ausencia del debido proceso en la fase investigativa y ausencia de procesos judiciales imparciales, todas ellas acusaciones que se inscriben en el mandato del Comité”.

Al aceptar estudiar el caso, la Unión Interparlamentaria le solicitó a la Corte que “exponga su posición oficial respecto a las acusaciones presentadas por los querellantes”.

Frente a eso, el alto tribunal respondió de manera contundente señalando que el máximo tribunal no fijará posición alguna frente a las “denuncias” y los “casos” tramitados por dicho Comité.

La Corte además explica que la UIP es un organismo que lo constituyen gobiernos a escala mundial y que fomenta la cooperación entre los parlamentos entre sí, a través del diálogo político más no judicial.

“Atendiendo el principio de separación de poderes (art. 113 ídem) y amparada por la soberanía jurisdiccional (art. 9° ídem), se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales”, sostuvo la Corte Suprema.

Además, insistió en que lo solicitado por la organización internacional no se enmarca en la cooperación judicial internacional, ni mucho menos, se trata de una actuación de un tribunal internacional de derechos humanos con competencia para juzgar al Estado colombiano y que, por ello, obliga a la Corte Suprema a rendir “descargos” o dar explicación sobre sus actuaciones.

El alto tribunal colombiano indicó que la Unión Interparlamentaria no puede pretender bajo la creencia de adelantar un “caso” por supuesta violación de derechos humanos, juzgar las actuaciones de la Corte Suprema, ni tampoco invitarla a “dialogar” y “cooperar” en la búsqueda de una “solución satisfactoria”.

La Corte rechazó ese tipo de intromisiones e invita a la Unión Interparlamentaria a cumplir su mandato de asistencia a sus miembros y promoción de los derechos humanos respetando los principios de soberanía e independencia judicial.

“Los jueces se pronuncian a través de sus decisiones y éstas, salvo que sean reservadas, pueden ser consultadas y sometidas a escrutinio público. Mas a una organización internacional no gubernamental no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura”, agregó la Sala Penal.

La carta de la UIP al Congreso

Hace unos días, la Unión Interparlamentaria le envió una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, solicitando información sobre quejas presentadas por la defensa de Álvaro Uribe respecto a la investigación que se le está adelantando.

La organización le pide al Congreso de la República brindarle toda la información que tenga sobre la supuesta falta de garantías en la investigación que llevó a cabo la Corte Suprema a Uribe, la supuesta interceptación ilegal de su teléfono, y la violación al derecho de la intimidad y la seguridad.

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“Es sumamente importante para el Comité conocer la posición oficial con respecto a estas alegaciones. Por lo tanto, le agradecería mucho que tenga a bien velar porque recibamos esa información, junto con toda información que estime pertinente”, indicó la Unión Interparlamentaria en la misiva.

Cabe recordar que el caso del expresidente Álvaro Uribe está ahora en manos de la Fiscalía y la justicia ordinara luego de que renunciara a su cargo como senador.