En Chocó asesinan a otro excombatiente de las FARC

El partido político FARC denunció que, el fin de semana pasado, desconocidos asesinaron a un excombatiente de la antigua guerrilla en Quibdó, Chocó. La víctima fue identificada como Heiner Cuesta Mena, más conocido entre sus compañeros como Yilson Menas. El partido FARC aseguró que, con la muerte de Cuesta Mena, asciende a 239 el número de exguerrilleros asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

“En Quibdó, Chocó, fue asesinado con impactos de arma de fuego Yilson Menas, firmante de paz. Con Yilson son 239 compañeros asesinados. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, nos solidarizamos con su familia y compañeros”, denunció el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Twitter.

El partido político aseguró que el crimen se perpetró en el corregimiento de Neguá. Después del reporte del suceso, miembros del partido exguerrillero aseguraron que el Gobierno nacional debe brindar garantías de seguridad a la comunidad en general, incluyendo a los desmovilizados.

“El Gobierno de (el presidente Iván) Duque debe responder por la vida de todos los colombianos, incluyendo los firmantes de paz. Ya son 239 vidas por la paz”, expresó el representante a la Cámara por el partido FARC Sergio Marín en sus redes sociales.

Este hecho causó conmoción en los integrantes del partido FARC, quienes, en octubre pasado, realizaron una movilización en Bogotá con el fin, aseguraron en su momento, de defender la preservación de la “paz y la vida” y rechazar contundentemente el homicidio de sus compañeros.

La marcha de protesta finalizó en una junta con el presidente Iván Duque, la cual fue calificada por los exguerrilleros como “alentadora”. Con el fin de adelantar procesos de reincorporación y brindar garantías a los excombatientes, el presidente Duque recibió a diez de ellos en la Casa de Nariño. Allí, los exguerrilleros le expusieron sus inquietudes al mandatario sobre cómo va su reincorporación y la implementación del acuerdo de paz.

“Esto lo interpretamos como un gran acto de implementación de las medidas contra la estigmatización (...) Hoy tuvimos ese diálogo abierto con el presidente, ese es el principal acto que caracterizó este encuentro”, expresó el delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape, tras la reunión.

De acuerdo con información emitida por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, “la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz”. El folio, el cual fue publicado el pasado 2 de octubre, detalló que en lo que va corrido de 2020 han sido asesinados 50 exguerrilleros de las FARC, dos de ellos mujeres.

“En 2020, el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de las nuevas áreas de reincorporación, que en su mayoría están situadas en regiones rurales aisladas”, señaló Naciones Unidas.

Pidieron intervención

En octubre pasado, el partido de la Farc solicitó a la Procuraduría General de la Nación que realice un control preventivo para evitar que se sigan atacando a los exguerrilleros de las Farc. La solicitud, dirigida al Ministerio Público, fue firmada por los integrantes del partido político de las Farc Rodrigo Granada Escobar, Jairo Estrada y Ronald Rojas Ramos, quienes pertenecen a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI).

“Muchos de los homicidios se cometieron en contra de quienes se desempeñaban como líderes sociales, defensores de Derechos Humanos en sus territorios, en labores de reincorporación o sustitución de cultivos de uso ilícito. Pese a esta contundente, dolorosa y preocupante realidad, a la fecha, los avances en temas de implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz sobre garantías de seguridad presentan importantes retrasos, después de más de cuatro años de la firma”, señala el documento.

Por esta razón, le pidieron a la Procuraduría que desempeñe su función de garante, en la prevención y protección de los Derechos Humanos para que inste al Gobierno nacional a tomar acciones, como la asignación de recursos que garanticen la protección de los excombatientes.

Los delegados del CSIVI señalaron que la violencia en contra de los excombatientes también ha tocado a sus familias, y que, desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 42 familiares de exguerrilleros, incluyendo siete menores de edad, uno de ellos de apenas siete meses.

“Lo más grave de esta situación, es que, hasta la fecha, no hay acciones suficientes que permitan la investigación y esclarecimiento de los hechos. Es claro que, sí el Estado no ha tomado medidas para salvaguardar los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz, mucho menos lo ha hecho respecto de sus familiares.”, apuntaron los delegados.

Los portavoces le reiteraron al procurador Fernando Carillo, y a la procuradora delegada Elena Ambrossi, solicitar al Gobierno nacional planes de protección, sobre todo de quienes hacen parte del movimiento político, e intervenir para que se pueda tener una política en materia de protección.

Los líderes del partido también enfatizaron en que, para lograr estas acciones, las distintas entidades creadas para la implementación del Acuerdo de Paz deben cumplir a cabalidad su papel, especialmente el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, el cual se encuentra conformado por la Comisión Nacional de Garantías, el Programa de Protección Integral para las y los integrantes del nuevo partido político, y la Mesa de Seguridad y Protección.

De acuerdo con los representantes del partido de las Farc, luego del asesinato, el fin de semana pasado, de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, líder del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de la Pista, en Uribe, Meta, fue convocada, el lunes, una mesa de seguridad con 15 instancias del Gobierno para analizar la situación.

“No basta solo con dar desarrollo normativo y constitucional al contenido del Acuerdo, sino que el Estado, sus entidades y funcionarios deben velar de manera diligente por su cumplimiento material, más aún, cuando el Acuerdo no es otra cosa que la búsqueda de uno de los fines últimos de la constitución política de Colombia, la paz como derecho fundamental”, recalcaron los excombatientes.