Pedro Pablo Montoya, conocido en las Farc como alias Rojas, arribó en 2008 a la VIII Brigada del Ejército con una prueba que demostraba que había asesinado a su jefe, alias Iván Ríos; el hombre transportaba la mano del cabecilla. La extremidad representaba para él una recompensa de 5.000 millones de pesos por parte del Gobierno, en cabeza del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, y su carta para reintegrarse a la sociedad.
Así, el hombre nacido en San Roque, Antioquia, les puso fin a años prestándole servicio a la guerrilla. Fue reclutado a los 16 años e hizo parte del bloque Noroccidental, y buscó el refugio en una comunidad extraña para él. Sin embargo, primero tuvo que hacerle frente a una condena de 18 años de cárcel, de los cuales pagó ocho por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
Luego, buscó un nuevo rumbo en los edificios y el pavimento de Bogotá, pensando que estaba lejos de las armas, pero no fue así. Su proyecto de confecciones apenas tenía seis meses cuando empezó a recibir amenazas. El desmovilizado buscó protección y lo único que lo amparó fue un documento de la Unidad de Reacción Inmediata, emitido por la Fiscalía, que obligaba a la policía de la localidad de Kennedy a cuidarlo. No fue suficiente, por eso se trasladó a Manzanares, Caldas, pero los mensajes contra su vida no cesaron.
En 2019, Montoya volvió a tocar las puertas de las autoridades para solicitarles ayuda. Recopiló videos, audios y documentos advirtiendo que su vida corría peligro; la revista Semana dio a conocer la pruebas que servían como sustento de la demanda en contra del Estado colombiano, en la que también arremetió contra las organizaciones de Estados Unidos. “Me dirijo a los agentes del Gobierno norteamericano, delegados aquí en Colombia, para hacer el pago y el desembolso de mi recompensa, que el Gobierno de ese país entrega por la baja y entrega de alias Iván Ríos”, indicó.
El exguerrillero también advirtió sobre la inoperancia de los escoltas que delegaron para su cuidado, luego de que recibiera un esquema de seguridad de parte de la Unidad Nacional de Protección, como quedó registrado en una de las cartas que escribió. “El día de mañana, el 19 de julio de 2019, me desplazo sin ningún tipo de protección por parte de la UNP, ya que los escoltas manifiestan no brindar mi protección porque no tienen dinero o viáticos y me ordenaron entregarles el vehículo blindado”.
El 3 de agosto del año pasado, Pedro Pablo Montoya fue asesinado por dos hombres encapuchados que salieron de los matorrales, en su finca en Manzanares, Caldas. Le dieron ocho tiros. Falleció sin recibir la totalidad de la recompensa que le prometieron. Cuando le otorgaron 800 millones de pesos no los pudo utilizar porque fueron retenidos como parte de la reparación a las víctimas del conflicto. En la actualidad, su familia confiesa que no conoce al fiscal que lleva el caso. Sostienen que lo único con lo que le cumplieron fue con los ocho años que tuvo que pasar tras las rejas por actividad como militante de las Farc.