Este sábado 14 de noviembre, las comunidades del municipio de Barrancominas, Guanía, empezaron la sustitución de cultivos ilegales por medio del Plan Integral de sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).
Este plan, que hace parte del Programa Nacional de Sustitución (PNIS), pretende ejecutar obras y proyectos en beneficio de aproximadamente 8.000 personas y a 27 familias que cultivan coca en esa zona del país.
En la reunión y firma del documento del pasado 9 de noviembre estuvieron el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; la alcaldesa de Barrancominas, Norella Rodríguez; Juan Carlos Iral, gobernador de Guainía y representantes de comunidades campesinas e indígenas Piapoco, Guahibo, Piunave y Sikuani.
En ese momento Archila dijo que el Gobierno quiere “cumplirles a las familias que están dentro del proceso de sustitución voluntaria de cultivos es una prioridad, por eso hemos invertido durante estos dos años más de $1 billón para que 100.000 familias de todo el país superen ese cultivo y pasen a la legalidad”.
Así mismo, la alcaldesa Norella Rodríguez dijo que “antes nadie daba una apuesta por Barrancominas, ni personas particulares o entes gubernamentales, pero hoy en día estamos viendo inversión en obras de infraestructura, inversión en proyectos sociales y eso es un avance”.
A pesar del optimismo alrededor del evento y de la sustitución de cultivos ilicitos, Arnobiz Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM habló con El Espectador y criticó la implementación de estos planes.
Para Zapata existen fallas en la implementación de los PISDA en los distintos municipios donde se están llevando a cabo.
“Lo que ha hecho el Gobierno es coger los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y marcar algunas de esas obras como iniciativas PISDA. Eso no corresponde a lo que se acordó en el Acuerdo de Paz”.
Los PDET, contemplados en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, son programas que promueven el desarrollo de 170 municipios priorizados por ser los más afectados por el conflicto armado y tiene como objetivo mejorar la salud y educación rural, producción agropecuaria y uso debido del suelo o la adquisición de vivienda, acceso a agua y otros servicios básicos.
Por otra parte, los PISDA (Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo) fueron contemplados como una especie de planes de desarrollo para las zonas cocaleras coincidían con aquellas priorizadas en los PDET.
El líder de la organización denuncia que el Gobierno de Iván Duque no no está ejecutando los PDET y el PISDA en los municipios que cumplen con las dos condiciones, sino solo los primeros
Archila defendió la postura del gobierno y explicó que no se puede tener dos planes de desarrollo funcionando en el mismo municipio.
En el Acuerdo de Paz y en la legislación, antes de que llegáramos al Gobierno, se previó que donde exista sustitución y debían darse los PISDA, pero sean municipios que también tienen un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se debe duplicar el trabajo. Ese no es un tema ideológico, sino que usted no puede tener dos planes de desarrollo en Bogotá, por ejemplo.
Aclaró, además, que en estas situaciones es primero la ejecución del PDET.
"Dentro de las personas que participan en la creación del PDET existen representantes de las comunidades que están en sustitución de cultivos y ahí incluyen las iniciativas que corresponden a sus propuestas.
El acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las Farc estipula que no es posible implementar los dos planes en un mismo municipio, sin embargo, estos deben ir integrados.
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