Víctimas le piden al general (r) Adolfo L. Hernández que diga la verdad sobre los ‘falsos positivos’ ante a JEP

En un informe de junio de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sostuvo que ha recibido 91 declaraciones voluntarias por ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, de las cuales 37 versiones las ha entregado el Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, convirtiéndose así en la unidad militar que mayor cantidad de casos ha confesado.

El Batallón La Popa pertenece a la Décima Brigada del Ejército, que opera en el Cesar y La Guajira. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009 su comandante fue el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, que este jueves entregará su versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), es la primera vez que el alto mando militar es llamado por una autoridad judicial a rendir declaración por estos hechos.

La versión de Hernández Martínez se recibirá dentro del Caso 003 de la JEP “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, de forma virtual atendiendo a las disposiciones de la JEP, y contará con la participación de ocho víctimas – quienes podrán formular preguntas a través de sus abogados representantes.

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Esta versión hace parte del proceso de acopio de información iniciado por la Sala de Reconocimiento, y será contrastada posteriormente con las versiones rendidas por otros militares, los informes entregados por la Fiscalía, la Procuraduría y por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

En marzo de 2019, el general (r) Hernández negó haber cometido algún crimen ante el informe ‘¿Qué futuro nos espera?’ presentado ante la JEP por tres organizaciones de derechos humanos entre ellas Human Rights Watch, y en el que se denuncia la manipulación de informes de operativos militares del batallón para justificar como “guerrilleros muertos en combate” a 39 personas.

“Estuve de comandante entre diciembre de 2007 a junio de 2009, y durante ese lapso se hicieron operaciones que condujeron a muertes en desarrollo de operaciones militares. En 2010, 2011, empezaron a cuestionarse algunos de esos resultados. En esa medida, después de salir de La Popa sí tuve conocimiento de que algunas de las muertes que se reportaron en ese desarrollo de operaciones estaban siendo cuestionadas. En ese momento, solo tuve conocimiento de dos casos en los que hubo suboficiales detenidos, se fueron a juicio y fueron condenados”, le dijo el excomandante de ‘La Popa’ a El Espectador.

Las víctimas piden verdad

En su llamado a dar versión libre ante la JEP es seguro que el general retirado se mantenga en su postura que lo libra de responsabilidad alguna por los casos de ‘falsos positivos’ atribuidos a ese batallón. Es por eso que las víctimas le piden que llegue con la verdad al tribunal de justicia.

Según Movide, de las 39 personas asesinadas, no se logró establecer la identidad de 13, al menos 10 pertenecían a un sector económico vulnerable y 5 eran menores de edad. 16 de los casos presentan falsificación en alguno de los documentos de control operacional. Los homicidios ocurrieron principalmente en el departamento de Cesar, en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, y algunas víctimas fueron trasladadas de departamentos cercanos como Magdalena y Atlántico.

“El informe también documenta la participación en estos hechos ilegales de las seis compañías que conformaban el Batallón, por lo que el señor Hernández Martínez conocía o debía conocer sobre la ocurrencia de esta práctica al interior de la unidad sobre la que ejerció control y mando”, detalla el movimiento de víctimas de Estado.

Y agregaron que “en los últimos años el Brigadier Hernández Martínez estuvo al mando de importantes unidades hasta su reciente retiro este año, por escándalos que lo vinculan con el testaferro de narcotraficantes José Hernández alias el «Ñeñe»”.

Las víctimas le hacen un llamado a la JEP para la garantía de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, a hacer prevalecer el principio de centralidad de las víctimas y exigir al alto mando militar una real contribución con el esclarecimiento de los hechos en cumplimiento cabal de régimen de condicionalidad previsto por este órgano.

¿Qué pasó en el Batallón de Artillería La Popa?

El documento presentado ante la JEP el año pasado y por el que llaman a versión libre al comandante entre 2007 y 2009 del Batallón de Artillería La Popa, afirma que en el batallón se simularon los combates, se cumplieron misiones tácticas sin previo informe de inteligencia y en por los menos 16 casos de presuntas ejecuciones falsificaron documentos de control, actas de munición y minutas. También recopilaron evidencia de que los cuerpos recibieron disparos a una distancia muy cercana, por la espalda y que las prendas de vestir no correspondían a sus tallas.

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Además, se presume que había un patrón de encubrimiento, ya que algunas de las investigaciones a sus miembros fueron designadas a la justicia penal militar para que cerraran prontamente.

Las organizaciones aseguran que en las seis compañías que conforman el Batallón ocurrieron estos asesinatos a través de dos modus operandi: la detención de personas mientras estaban caminando por su pueblo, en sus casas o usando transporte público para posteriormente ser desaparecidas; y el uso de promesas de trabajo en ciudades distintas, con la ayuda de terceras personas, para que se desplazaran hasta el lugar donde se montaron los combates. Se señala, además, que hubo participación de una red de cooperantes.

Por estas razones, las tres organizaciones le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz llamar al general Adolfo Hernández, cuatro oficiales del batallón y a los suboficiales que estuvieron a cargo de los pelotones que cometieron directamente los hechos para que presenten su versión ante la Sala de Reconocimiento.