El pasado 28 de mayo en plenaria del senado organizada para evaluar los resultados de las acciones del gobierno en los meses inmediatamente posteriores a la llegada del virus a Colombia, el representante a la cámara, Edward Rodríguez, Partido Centro Democrático, denunció un supuesto sobrecosto en contratos para realizar las pruebas de covid-19 en pacientes asintomáticos.
Afirmó Rodríguez que los sobrecostos para dichas pruebas superaban los $2.050 millones de pesos, discriminados en la adquisición de reactivos químicos, elementos fundamentales para la realización de los tests, cuya implementación durante la primera etapa de la cuarentena fue criticada desde varios frentes por la aparente lentitud tanto del ministerio de salud como de los entes municipales en examinar a la mayor cantidad de pacientes asintomáticos posibles, fenómeno que aún sigue en observación dada el tiempo que demanda el análisis de cada prueba. Sin embargo, en ese momento de la cuarentena general, las afirmaciones del representante Rodríguez alimentaban las tensiones entre gobiernos distrital y nacional por la responsabilidad en el manejo de la pandemia.
Ante medios nacionales, Rodríguez llegó a declarar que “El Fondo Financiero del Distrito de Salud debe responder ¿por qué si el Gobierno nacional contrató las pruebas covid a 69.523 pesos por prueba, el Distrito los compró a 92.000 pesos, que si se hace la conversión suman más de 2.050 millones de detrimento patrimonial?” Además afirmó contar con evidencia documental que haría llegar a los organismos de control para adelantar las investigaciones pertinentes.
Luego de seis meses, y un recurso de celeridad para adelantar la investigación por parte del representante, la Contraloría General de la Nación emitió veredicto sobre dicha denuncia afirmando que no encontró los supuestos sobrecostos de los que Rodríguez habló en la plenaria del congreso. Esto después de abrir indagación preliminar por supuestas irregularidades en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar covid-19 por parte de la administración distrital a través de su secretaría de salud, y cerrar la investigación por falta de méritos para abrir proceso de responsabilidad fiscal contra las partes involucradas en la denuncia de Rodríguez.
En carta remitida al secretario de salud del distrito, Alejandro Gómez, la Contraloría afirmó no encontrar irregularidades en la firma del contrato entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Firma GlosCo inc., por lo que se declara “el cierre y archivo de la Indagación Preliminar AN-810112-36403, por no encontrar mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal”.
La comunicación del ente de control informa que precluye y archiva la investigación por carecer de evidencias contundentes que soporten cualquier acto irregular realizado en el tiempo de contratación para las pruebas. Durante el tiempo de adquisición de estos elementos de salud, las tensiones entre alcaldía y gobierno central sobre quién debería costear las pruebas pusieron a prueba las relaciones entre López y Duque.
Con esta preclusión del caso, ya son varias las denuncias que pierden fuelle ante presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia por parte de la administración distrital, todas ellas emitidas desde el Partido Centro Democrático, cuya bancada es oposición en Bogotá del Partido Verde, al que pertenece la Alcaldesa Claudia López.