Los magistrados Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de mantener sus cargos a pesar de que su periodo constitucional venció en 2016. A los ‘magistrados eternos’ los investigará el fiscal 7 delegado ante el Tribunal y adscrito al CTI, Daniel Ricardo Hernández Martínez.
La Fiscalía aceptó las copias que compulsó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los polémicos magistrados que hacen parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
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La Corte se negó a acatar una orden de un fallo de tutela de la Sala Disciplinaria, afirmando que Garzón y Sanabria dejaron de ser magistrados desde hace cuatro años, por lo que consideró que era importante indagar por qué ellos habían seguido ejerciendo funciones pese a que su periodo constitucional de 8 años terminó en el 2016.
Su decisión de quedarse en el cargo no ha sido deliberada, pues en 2016, cuando sus periodos estaban a punto de vencer, la entonces secretaria jurídica de presidencia, Cristina Pardo, dijo que debían permanecer en sus labores hasta que tuvieran reemplazos. Mauricio Lizcano, quien era presidente del Congreso, también apoyó esa decisión después de que estos magistrados preguntaran a presidencia cómo proceder. Se esperaba que los relevos llegarían pronto, pero no pasó.
Los magistrados nunca se fueron, como sí lo hizo una de sus compañeras, María Lourdes Hernández, quien dejó el cargo apenas se cumplió su tiempo. Ahora las quejas van hacia la responsabilidad que tienen Sanabria y Garzón por recibir un salario de casi 38 millones de pesos, además de su esquema de seguridad y los magistrados auxiliares de cada uno y de las decisiones que se han tomado en su cargo, como designaciones de puestos dentro del tribunal mientras fueron presidentes después de su periodo constitucional de ocho años.
En un fallo, la Corte Constitucional dijo que un periodo de un magistrado que sea superior a los 8 años que dice la ley es inconstitucional, y aseguró que este no se puede alargar. Tras ese fallo, Garzón y Sanabria le enviaron una carta al Congreso en la que dejaron a su disposición sus cargos, pero el Legislativo aún no ha aceptado sus renuncias.
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Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que “observa la gran complejidad del asunto y estima necesario rodear de las mayores garantías el proceso que se adelante en la Fiscalía General, para que se hagan efectivos los principios de transparencia, celeridad y eficacia, objetividad, equidad, imparcialidad en la administración de justicia y se tomen las decisiones que en derecho correspondan”.
Por eso designó al fiscal Daniel Ricardo Hernández para que estudie lo enviado por la Corte Suprema y tome una decisión sobre el proceso de los ya conocidos ’magistrados eternos'.