El pasado domingo 8 de noviembre, el diario El Espectador reveló una serie de audios que reposan en el expediente del exjefe guerrillero Jesús Santrich, cuyos contenidos abren diferentes interrogantes sobre el caso que puso en vilo el acuerdo de paz.
Son interceptaciones hechas a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien fue capturado por delitos relacionados a estos hechos en 2018 y se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido de la DEA.
Lea: Fiscalía tiene 24 mil audios sobre el caso “Santrich”
Sobre el caso, la JEP se pronunció, este martes 10 de noviembre, a través de un comunicado donde asegura que, desde el alto tribunal, específicamente la Sección de Revisión “hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”.
El Fiscal General de la Nación de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esa información no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo.
Además, asegura en el comunicado el tribunal transitorio de paz, que “se ordenó requerir al Fiscal General de la Nación para que de manera inmediata diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en el numeral segundo del auto 401 de 27 de junio de 2018, remitiendo el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder”.
En el texto, la JEP asegura que los videos que se presentaron en medios de comunicación como prueba de los vínculos de Santrich con narcotraficantes nunca llegaron a ese tribunal.
"Distintos medios de comunicación exhibieron videos -sin audio- que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tienen el rótulo de esa entidad. Esos videos NO fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente. Así, no se atendió el requerimiento efectuado por la JEP para el aporte de los “audios y videos que [tuvieran] en su poder”, se puede leer en el documento.
Sobre la investigación de El Espectador, la JEP asegura que de los 24.000 audios en la investigación contra Hernández Solarte, “la Fiscalía solo le entregó 12 audios a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
En rueda de prensa, el presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, se refirió a la participación de agentes encubiertos sin autorización legal en el caso de Santrich.
Para el caso colombiano dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares, entre ellos el solicitado en extradición Jesús Santrich, en un contexto criminal que los habilitaba legalmente para realizar la grabación y/o filmación de las reuniones en las cuales participaban, circunstancia que no implicaba autorización judicial.
A pesar de esto, en la investigación del Espectador queda constancia que la Fiscalía sí autorizó la operación de agente encubierto en octubre de 2017, para realizar una operación contra el narcotráfico.
“La JEP concluyó que pese a las solicitudes realizadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Fiscalía General de la Nación, no existió, o por lo menos no se adjuntó prueba de la asistencia judicial para la actuación de agentes encubiertos en el territorio colombiano”, leyó Cifuentes.
El magistrado cerró la rueda de prensa recordando que el fin último de la jurisdicción son las víctimas del conflicto armado y que se debe cuidar la paz. Así mismo, recordó que Jesús Santrich como Iván Márquez ya no hacen parte de la JEP.
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