Justicia Penal Militar juzgaría al soldado implicado en el caso de Juliana Giraldo

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que se refiere al caso de Juliana Giraldo, la mujer que fue asesinada por un soldado, el pasado 24 de septiembre en Miranda, Cauca.

En el documento, señaló que en la diligencia programada para imputarle al soldado el delito de homicidio en persona protegida, la defensa planteó conflicto de competencia y pidió que el caso fuera trasladado a la Justicia Penal Militar.

En consecuencia, la juez de control de garantías decidió remitir el caso a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que decida cuál justicia debe resolver el caso.

Según expresó Francisco Bernate, experto en derecho penal, en una entrevista para Semana, de acuerdo a los antecedentes jurídicos en un caso similar, lo más probable es que el proceso de Juliana Giraldo lo asuma la Justicia Penal Militar.

Para el abogado, al tratarse de un retén de la fuerza pública se asume que se trata de un acto del servicio, y lo que posiblemente se podrá alegar en el caso de Juliana es que hubo un exceso por parte del uniformado implicado.

“El Consejo Superior de la Judicatura es la instancia que resuelve cuando hay conflicto entre jurisdicciones, La Fiscalía considera que debe adelantar la investigación y la Justicia Penal Militar hace lo propio, qué mejor que la cabeza, que es el Consejo Superior de la Judicatura, sea la que dirima ese conflicto de competencias”, indicó Bernate.

Aunque la Justicia Penal Militar es asociada en muchos casos por la sociedad con impunidad, en este caso, tiene un gran desafío para impedir que el responsable de la muerte de Juliana Giraldo salga impune de la situación.

“La justicia penal militar tiene un gran desafío, la ciudadanía se identifica más con la justicia ordinaria que es más pronta y veloz que la Penal Militar y se debe demostrar que no vaya a quedar en la impunidad el caso” agregó el experto en derecho penal, en la entrevista con Semana.

Además, el abogado habló sobre las consecuencias en materia disciplinaria que podrían ser aplicadas al militar implicado.

Explicó que el uniformado, también afronta un proceso en la Procuraduría General de la Nación y en caso de encontrarlo culpable, podría ser sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos de veinte años, además de su destitución del cargo.

“En Colombia hay responsabilidades concurrentes y a la vez una persona puede ser investigada por la Procuraduría y lo judicial, lo increíble es ver a veces cómo en un mismo caso la Procuraduría declara culpable a alguien y la justicia lo declara inocente”, explicó.

Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar si se trató de un homicidio en persona protegida, es decir, como consecuencia del conflicto armado que vive el país o por el contrario si se trató de un homicidio agravado.

Esto en consecuencia de la versión de la pareja de Juliana, quién relato que uno de los uniformados disparó indiscriminadamente contra el vehículo porque supuestamente no se detuvieron y una de las balas del arma de dotación del uniformado la impactó, quitándole la vida.

Según el jurista, la aclaración es importante porque dependiendo de esto las penas de cárcel a las que se vería enfrentado el militar implicado pueden variar.