Exnovia del exmagistrado Carlos Vargas Bautista prenderá ventilador en caso de corrupción en su contra

La Fiscalía General de la Nación le otorgó a Kelly Andrea Eslava, exnovia de Carlos Alberto Vargas Bautista, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, un principio de oportunidad, con el fin de que delate a su expareja y a siete personas más implicadas en la red de corrupción que operaba en la entidad judicial.

La abogada recibirá inmunidad por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, acceso abusivo a sistema informático agravado y fraude procesal. Todo esto, ligado a la actividad criminal del entonces togado Vargas Bautista, quien, según la Fiscalía, vendía decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.

El pasado lunes, el juzgado 14 con función de Control de Garantías legalizó dicha negociación con Eslava, quien en este momento se encuentra privada de la libertad y, por inmunidad parcial, prenderá el ventilador contra todos los implicados en la llamada “fábrica de fallos” liderada por el exmagistrado.

Según reveló Semana, junto a su versión de los hechos, Eslava ofrecerá un BMW y un apartamento en Mosquera de su propiedad, que recibió como forma de pago de su gestión ilegal ligada al Tribunal. Además, tendrá que pedir perdón y hacer parte de capacitaciones a los funcionarios de la Fiscalía sobre la modalidad delictiva en la que jugó un rol.

¿A quiénes salpicaría?

Entregará a la Fiscalía información sobre el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Angelino Lizcano, quien es indagado por tráfico de influencias. Junto a Alonso Ospina, miembro del Consejo de Administración de Comfacundi acordaron un monto en favorecimiento a Vargas a cambio de un fallo.

También salpicará a Jorge Enrique Cortés Rojas, cliente que recibió dinero del Acueducto de Bogotá tras un fallo a favor suyo y, además, pretendió quedarse con el Humedal Jaboque en Bogotá. Otro de los presuntos implicados es Lautaro Alberto López, un alto oficial miembro del Ejército Nacional, quien es indagado por un préstamo de un millón de dólares en efectivo de forma irregular, quien utilizó a Cortés Rojas de intermediario, en busca de un beneficio del exmagistrado Vargas.

Entre quienes delataría se encuentra William Rojas Mazo, quien representaba a la empresa Soporte Vital. Esta persona jurídica se declaró culpable de pagar 200 millones de pesos al magistrado Vargas para obtener beneficios judiciales en un caso referente al Hospital de Ubaté.

Por otro lado, se encuentra el mencionado en Odebrecht Mario Huertas Cotes, quien presuntamente habría participado en una reunión con el magistrado Vargas. En dicha reunión, se discutió una indemnización por 60 mil millones de pesos que le concedería un consorcio donde él es accionista mayoritario. Por último, se menciona a Fernando Góngora, un participante en las reuniones entre Vargas y los acudientes al órgano judicial.

Según Semana, el magistrado en cuestión cuenta con un proceso de preacuerdo con la Fiscalía, en el cual responde ante la justicia por 13 delitos relacionados con el Tribunal. Para estos delitos, el medio afirma que Vargas estaría acordando aceptarlos y que acordó reembolsar 380 millones de pesos del dinero recibido en los ilícitos.

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