Víctimas de la toma del Palacio de Justicia se niegan a que la JEP se haga cargo de sus casos

El pasado 6 de noviembre se cumplieron 35 años de la toma armada del Palacio de Justicia en Bogotá, y los familiares de las 12 personas desaparecidas no han tenido una respuesta definitiva que dé un cierre a los procesos legales que han venido realizando en búsqueda de la justicia. En paralelo a la conmemoración de las víctimas fatales y los desaparecidos de los actos violentos ocurridos, las familias no aceptarán que la JEP se haga cargo de sus casos.

El anuncio de las familias se dio como consecuencia de la apertura de investigaciones a principios de este año, en la Justicia Especial para la Paz, de dos uniformados que se sometieron a ella y recibieron beneficios.

Y es que fue en mayo cuando la JEP le concedió la libertad condicional al general Jesús Armando Arias Cabrales, acusado de ser el coautor de las desapariciones y condenado 35 años, y al general Iván Ramírez Quintero, vinculado a los hechos, que quedó absuelto en primera instancia.

El rol que ha cumplido la Fiscalía en la investigación ha sido desafortunado, según las víctimas, pero someterse a la JEP sería una decisión mucho peor pues, según ellos, “estarían lejos de encontrar verdad, justicia y reparación”.

“Hemos visto que no hay voluntad de aportar a la verdad de los dos uniformados que se acogieron. Pienso que esto es una puerta más a que no haya responsables, pero siguen pasando los años y ya los militares fallecieron con la verdad oculta”, le manifestó al periódico El Espectador Juan Francisco Lanao, hijo de la abogada Gloria Anzola, víctima fatal de la toma.

Los dos uniformados, que solicitaron acogerse al proceso judicial de la JEP, no aceptaron responsabilidades dentro del caso y, en medio de todo, según las familias, salieron bien librados, pues usan ese recurso como maniobra para evadir su culpabilidad.

“Hubo unos pocos avances en materia de justicia ordinaria que en la JEP se tiran al traste y hay una idea de que se mantiene un pacto de silencio entre los responsables”, señaló el abogado Germán Romero, representante de la familia de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio desaparecido.

Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue privado de su libertad el 10 de octubre de 2008, acusado por el operativo del Ejército para retomar el control del Palacio, había solicitado en marzo de 2017 ser acogido por la JEP. Las víctimas, como en esta ocasión, solicitaron que no se le tuviera en cuenta su petición, pero los esfuerzos fueron en vano.

Aunque Arias se retractó y solicitó a la JEP que no se tuviera en cuenta su solicitud, aceptó que las víctimas tenían razón respecto a que él no había “dado aporte alguno al esclarecimiento de los hechos”.

Aunque la Corte Suprema concluyó que Arias “fue el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”, el general había solicitado someterse de nuevo a la JEP al ser notificado de su condena de 35 años y fue en mayo de 2020 cuando se le notificó que se le había sido concedida su solicitud de someterse a la JEP.

“La JEP no puede ser un tribunal a la carta, no es cuando él quiera. Además, se esperaría que entre diciendo la verdad, pero lo que ha dicho es que se presenta para probar su inocencia y ese tribunal no está para probar la inocencia de nadie (...) la JEP no debería acoger a los responsables del caso del Palacio de Justicia, porque hay beneficios para los perpetradores y no para las víctimas; entonces, nadie va a reconocer que la JEP puede garantizar justicia si, de entrada, niega los derechos de las víctimas”, denunció en su momento Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Según el abogado Germán Romero, la JEP estaría ignorando lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no es posible que un órgano, mecanismo o procedimiento de justicia distinto a la justicia ordinaria pueda tener competencia sobre el esclarecimiento y rendición de cuentas de responsables por desapariciones, torturas y/o ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia”.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas, aseguró que las víctimas no confían en la JEP, “valoro el intento de la JEP frente a impartir justicia en el caso de desaparecidos del Palacio de Justicia (...) pero no confío en la JEP. No confío porque surgió de un Acuerdo de Paz que no incluyó a todos los actores armados y porque casos como el del general Mario Montoya muestran que ir allá y no aportar verdad no genera consecuencias para el postulado”.