Esta es la ruta que seguirá Colombia para ponerle fin a la deforestación en 10 años

La Política para el control de la deforestación y gestión sostenible de los bosques fue presentada en borrador en el documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social). La estrategia busca analizar las causas que inciden directamente en los procesos de cambio de uso del suelo y pérdida de bosque natural. Las acciones se deben desarrollar en conjunto con las comunidades y demás sectores para reconocer cuáles son las necesidades de los territorios y dar control a la problemática.

Así, son cuatro las líneas estratégicas para dar cumplimiento a la meta de cero deforestación: integrar estrategias de aprovechamiento sostenible en pro del mejoramiento de la vida de la comunidad; articular acciones integrales entre varios sectores y el gobierno nacional para atender los problemas territoriales; promover iniciativas de control y prevención para disminuir prácticas territoriales ilegales y fortalecer la gestión de comunicación para la efectiva toma de decisiones.

El Consejo está compuesto por el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Martínez, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre otros.

El documento señala que la deforestación es uno de los principales problemas socioambientales del país, pues conduce a la pérdida de ecosistema y genera desplazamiento social, pobreza y deterioro de la calidad de vida de la población rural. Pese a la gravedad del problema, los bosques en Colombia representan el 7,1% de la superficie de Suramérica, ocupando el tercer país con mayor área de bosques naturales de la región, y el 52% del área total del país, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Según el CONPES, la importancia de los bosques radica en que más de 1.600 millones de personas en países con mayores índices de pobreza sobreviven gracias a los alimentos, materiales y medicinas que consiguen gracias a ellos; también, son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial; representan a uno de los principales sumideros de carbono y protegen las cuencas hidrográficas que suministran agua a ríos, entre otros.

El problema de la deforestación tiene sus raíces en los conflictos socioeconómicos en áreas apartadas donde el Estado no hace presencia. Se acentúan por el crecimiento demográfico y las actividades ilegales como la extracción ilícita de minerales, cultivos ilícitos, acaparamiento de tierras y expansión de la infraestructura formal e informal de transporte.

Por ello, el país ha establecido diferentes figuras para la conservación y protección de los ecosistemas boscosos, entre ellas está el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), la implementación de siete reservas forestales (la Amazonía con 1,5 millones de hectáreas de bosque, el Río Magdalena con 2,1 millones, la Central con 1,5 millones, el Cocuy con 731 mil, la Serranía de los Motilones con 552 mil y la Sierra Nevada de Santa marta con 539 mil) y el Sistema de los Parques Nacionales Naturales (SPNN). Además, son importantes los territorios étnicos y campesinos, pueden cuidan gran parte del territorio nacional.

Esta nueva estrategia, que debe ser presentada máximo en diciembre, establece tres metas a corto y mediano plazo en un periodo de 10 años: reducir 30% la deforestación proyectada a 2022, llegar a menos de 100.000 hectáreas deforestadas a 2025 y alcanzar la cero deforestación a 2030. Su impacto, en términos de control territorial, protección, recuperación de ecosistemas forestales, desarrollo productivo sostenible y fortalecimiento de la gobernanza forestal, “aportarán al cumplimiento como país de los principales compromisos internacionales de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, el Acuerdo de París de Cambio Climático y la política de crecimiento verde”, explica el documento. Este reto de la deforestación cero neta se logra al neutralizar la pérdida de bosques por deforestación con la ganancia por procesos de reforestación y restauración, principalmente.

Otras actividades contempladas son la priorización de zonas con potencial forestal, ordenación forestal para reducir emisiones y aportar al cambio climático, desarrollar proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos para beneficiar a 6.577 familias a 2030, implementar inversiones de compensación ambiental, fortalecimiento técnico de los planes de extensión agropecuaria en las zonas más deforestadas del país e impulsar la cadena productiva forestal bajo el manejo sostenible y empoderamiento de las comunidades.

También, se implementarán planes de etnodesarrollo, desarrollo comunal y comunitario, fortalecer la capacidad de la comunidad para mitigar los incendios forestales y formación para el trabajo y emprendimiento relacionado con el bosque en alianza con el SENA.

Otro de los elementos fundamentales es luchar contra las dinámicas ilegales que impulsan la deforestación. Se planea realizar el diagnóstico y planeación de la seguridad ciudadana en zonas rurales, proteger los recursos hídricos, biodiversos y medioambientales de amenazas internas y externas y condenar crímenes ambientales bajo procesos sancionatorios, policivos y de investigación penal y disciplinaria.

El documento advierte que, si la deforestación no se frena en los próximos años, en 2030 se puede llegar a tener solo 48,8 millones de hectáreas de bosque, comparado con 2014, fecha en la que contaba con 58,8 millones de hectáreas.