Tras una serie de denuncias por parte de varios ciudadanos ante la Superintendencia de Transporte, el ente encargado de velar por el control del servicio de transporte imputó cargos contra Didi, Beat, Cabify y Fory por considerar que las plataformas para la prestación de transporte serían ilegales.
A través de un comunicado de prensa, la Supertransporte anunció que había investigado previamente a la aplicación Liftit y que dicha revisión fue archivada al no encontrar mérito para imputar cargos por el posible desarrollo de actividades en contravía de las normas de transporte.
Sin embargo, con evidencia recaudada, la entidad imputó cargos contra las cuatro empresas relacionadas con aplicaciones y plataformas digitales de movilidad.
El superintendente de Transporte, Camilo Pabón, ha declarado que de ser responsables de violación a las normas de transporte e ilegalidad, cada empresa podría estar sujeta a órdenes administrativas y ser multada hasta con 8.000 millones de pesos. “La tecnología siempre es un aliado. Con neutralidad hemos revisado cada caso, y por eso se archivó la actuación contra Liftit. Con la misma neutralidad hemos encontrado méritos para imputar cargos a cuatro empresas, cuyas multas podrían superar los 8.000 millones para cada una de las empresas, si se les encuentra responsables de los cargos imputados”, dijo Pabón.
Aparte de que todas las empresas deben garantizar los protocolos de seguridad para los usuarios, los vehículos que circulan en Colombia deben contar con las condiciones técnico mecánicas exigidas por la ley para operar. Denuncias recibidas por la superintendencia darían cuenta de que las condiciones técnicas no se estarían garantizando y los vehículos no contarían con los mantenimientos preventivos y alistamientos diarios exigidos por la ley.
También les fueron imputaron cargos por alterar el servicio público, facilitar la prestación de transporte con vehículos que no están homologados ni matriculados para servicio público; facilitar la prestación de transporte con conductores que no tendrían la licencia de conducción para transporte público, ni las capacitaciones ni los programas de medicina preventiva requeridos.
A las empresas se les acusó de facilitar la prestación de transporte sin contar con un plan estratégico de seguridad vial y tampoco tener los seguros que cubren los riesgos de acuerdo con las exigencias legales. Además les imputaron cargos por facilitar la prestación de transporte por sujetos que no están constituidos ni habilitados de acuerdo con los requisitos legales.
En el caso de Fory, aplicación creada a finales de 2018 para acabar las tarifas dinámicas de otras plataformas, la imputación tiene relación con que presuntamente no suministró información requerida por la Superintendencia de Transporte, y además continúa una averiguación preliminar contra la empresa por otros posibles cargos.
Según la Supertransporte, contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos no procede recurso alguno, así que resta esperar para que la entidad pública verifique si hubo conducta ilegal en alguna de las aplicaciones sindicadas.
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