Este jueves se cumplieron 35 años de la toma del Palacio de Justicia ejecutada por la guerrilla del M-19 para presionar un juicio político en contra de quien era presidente de la República, Belisario Betancur por incumplir al proceso de paz con ese grupo armado.
A pesar de que el Ejército Nacional entró al Palacio a la llamada ‘retoma’, muchas dudas quedaron frente a lo que sucedió ese día, principalmente al interior de la Casa Museo del Florero, ubicada a pocos metros del Palacio y la cual fue tomada por las fuerzas militares como un puesto de operaciones improvisado.
Las personas que eran rescatadas del Palacio de Justicia eran llevadas a este lugar por parte del ejército. Lo que pasaba en el segundo piso de esa casa era único: los que eran sospechosos de haber participado en la toma fueron interrogados y hasta torturados. Las víctimas de estos tratos fueron supuestos miembros de la guerrilla del M-19.
En este operativo se reportaron desapariciones de varias personas que habrían salido con vida del Palacio y trasladadas hasta la Casa. Entre ellos estaba una guerrillera del ‘M’, siete empleados de la cafetería y tres visitantes ocasionales.
Por estos hechos se abrió el expediente ‘Desaparecidos del Palacio de Justicia’ en la Fiscalía General de la Nación, donde fueron investigados distintos oficiales del Ejército que controlaron el manejo de rehenes y comandaron la ‘retoma’. Así fue como el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien lideraba la identificación de los rehenes que llegaban a la Casa del Florero, fue vinculado formalmente al proceso.
También sucedió lo mismo con el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII; el excomandante del Batallón Charry Solano, generañ (r) Iván Ramírez Quintero y el excomandante de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega.
Después de varios años de investigaciones, en 2010 un juez condenó a 30 años de prisión al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas. La sentencia se mantuvo en firme tres años después por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero esta vez solo lo responsabilizó por la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera y de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda, afirma la FM.
Sin embargo, en 2015 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó las condenas y lo absolvió de cualquier responsabilidad por no tener pruebas directas en su contra.
En diciembre de 2011, la Corte también absolvió a Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco y Gustavo Arévalo, pero los abogados de las víctimas y la Fiscalía apelaron la decisión que todavía sigue en espera de resolución. Por su parte, el general (r) y excomandante de la Brigada XIII del Ejército, Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión por haber ordenado la desaparición de civiles. La decisión se mantuvo en primera y segunda instancia.
Pero en mayo de este año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su libertad inmediata después de estudiar su caso, no sin antes ordenarle firmar una carta de compromiso para aportar la verdad sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia.
En el caso del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de prisión, está a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación que presentó por su sentencia, informa La FM.