Toma del Palacio de Justicia: 35 años después se sigue pidiendo justicia

Un 6 de noviembre de 1985, hace 35 años, se produjo una de las noches que quedaría marcada en la historia de Colombia como una de las más oscuras y dolorosas: la toma del Palacio de Justicia, que dejó 98 personas asesinadas y 11 desaparecidas.

La operación realizada por el M-19 buscaba hacer un juicio público al gobierno por haber incumplido el cese al fuego con las organizaciones guerrilleras. Sin embargo, durante el transcurso de las siguientes 27 horas el país fue testigo de uno de los episodios más oscuros, que la Corte Penal Internacional consideró una masacre.

Veintiocho guerrilleros del Comando Ivan Marino Ospina, bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, llevaron a cabo la operación “Antonio Nariño por los derechos del hombre”.

Cabe recordar que en ese entonces, el M-19 había sorprendido con golpes de impacto mediático, como la toma de la Embajada de República Dominicana, el robo de la espada de Bolívar y las armas del Cantón Norte, y de hecho había dado un aviso de lo que iba a suceder.

El 23 de octubre de ese año, día del atentado del comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, el M-19 envió casetes a los medios de comunicación en los que anunciaba “una acción que aterraría y sorprendería al mundo”.

El plan, que según investigaciones de inteligencia, había sido planeado por Álvaro Fayad, constaba de tres fases: preparación logística, toma del edificio y de rehenes y la última, un juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur y a tres de sus principales ministros.

Ese mismo día, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (SIJÍN), encontró en un allanamiento en una casa en el sur de Bogotá - 8-42 de la Calle 6ª Sur - los detalles de la toma, entre ellos, fotos, mapas, planos y documentos que constataban la intención del grupo ilegal.

En el operativo, el M-19 ingresó a las instalaciones del edificio ubicado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, desde el sótano, y retuvo a varias personas que en ese momento se encontraban al interior del lugar.

Mientras esto sucedía, la Policía y el Ejército empezaron a ubicarse en las edificaciones cercanas, y horas después, intentaron ingresar al lugar, provocando el inicio de los enfrentamientos que se extendieron hasta la noche, y que causaron un incendio.

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Aunque la información fue desmentida, se decía que el siniestro fue provocado por el grupo ilegal con el fin de quemar los expedientes de “Los Extraditables”.

Al final de la madrugada, algunos de los retenidos fueron rescatados y llevados a instalaciones militares, como la Casa del Florero, donde se organizó el centro de operaciones del Ejército, y al hospital militar.

En la mañana del 7 de noviembre, casi 24 horas después, continuaban las explosiones al interior del Palacio y se dice que, para esa hora, ya había víctimas mortales.

Según testimonios registrados por periodistas, ningún cadáver tenía disparos de los fusiles de la guerrilla y la justicia ha comprobado que varias personas que aún hoy permanecen desaparecidas, salieron con vida de la edificación

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esas desapariciones, ordenándole desarrollar todas las investigaciones para establecer la verdad de los hechos, condenar a los responsables y determinar el paradero de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades han logrado ubicar a seis de las once personas desaparecidas en el hecho.

Por un lado, en octubre de 2015, se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Cristina del Pilar Guarín Cortés, quienes trabajaban en la cafetería, y de Luz Mary Portela, una visitante del Palacio. Los restos se encontraban en tumbas de otras personas.

Asimismo, en 2017 hallaron los restos de Héctor Jaime Beltrán, quien también era empleado de la cafetería del Palacio, en una tumba que tenía el nombre de otra persona, en Barranquilla.

Meses después, se identificó el cuerpo de Bernanrdo Beltrán Hernández, igualmente, empleado del edificio.

El último cuerpo en ser identificado fue el de Gloria Anzola de Lanao, el 17 de septiembre de 2019. Sus restos, fueron encontrados en la tumba de la magistrada auxiliar María Jeaneth Rozo.

Al final del 7 de noviembre, los militares lograron recuperar el control del Palacio con decenas de muertos, entre ellos 11 magistrados de la corte, 35 guerrilleros y numerosos civiles. En total fueron 98 las victimas mortales, además de los desaparecidos mencionados anteriormente.

Luego de 35 años, los familiares de las víctimas aún claman justicia por lo sucedido.

Más de tres décadas después continúa la investigación para conocer la verdad sobre qué pasó en realidad ese día. Angela María Buitrago, exfiscal del caso Palacio de Justicia, habló acerca de los casos de personas que fueron vistas saliendo del recinto, pero luego fueron encontradas muertas.

“No hay duda, son responsables tanto los del M-19 como los que actuaron después, pero la desaparición fue a manos del Estado”, agregó la exfiscal.

Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad, enfatizó la importancia de los testimonios de quienes presenciaron la toma.

“El trabajo lo desarrollamos durante cinco años haciéndole entrevistas tanto a exguerrilleros, algunos que participaron en la preparación de esa toma y conocieron de los hechos, entrevistamos también a miembros de las fuerzas armadas, el trabajo de esa comisión lo presentamos en un informe final que rendimos hace 10 años”, manifestó el exmagistrado.

Ese trabajo llegó a varias conclusiones sobre la responsabilidad del M-19 y de las fuerzas armadas.

El caso no ha avanzado desde hace más de un año en los tribunales, por lo que las víctimas le exigen la verdad a los procesados.

“Nosotros necesitamos una verdad ya, la que sea que los victimarios tengan que contar, pero ya; han pasado 35 años y no ha habido ninguna verdad ni ningún reconocimiento por parte de ellos”, Pilar Navarrete, viuda de Héctor Jaime Beltrán Fuentes e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en una entrevista a Sputnik.

Por su parte, Yesid Reyes, exministro de Estado e hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, expresó que él pudo recuperar el cuerpo de su padre, pero no todos han tenido la misma fortuna.

“Hay otras personas que fallecieron, pero cuyos cuerpos no se pudieron identificar correctamente. Seguimos 35 años después esperando”, dijo en una entrevista para W Radio.

Otra de las víctimas es Gabriel Andrade, hijo del magistrado auxiliar, Julio César Andrade, cuyos restos no correspondían a los hallados y hoy, después de 35 años, buscan saber qué pasó, porque recientemente se conoció un video donde aparece el magistrado saliendo con vida del recinto.

“Nosotros sabemos la verdad de quiénes fueron y lo que hicieron todos la sabemos”, agregó Gabriel.

Este viernes 6 de noviembre se realizará una misa virtual al mediodía con la que la Corte Suprema de Justicia conmemorará a las víctimas de la toma.