Este viernes 6 de noviembre será decisivo para el expresidente Álvaro Uribe. En el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá se realizará la audiencia de apelación contra la decisión de la jueza que le concedió la libertad, el pasado 10 de octubre, dentro del proceso por presunto fraude procesal y soborno a testigos contra Uribe.
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La audiencia comenzará a las 8:30 a. m. y en la diligencia el juez definirá si acepta o no la apelación que hicieron las víctimas del proceso - el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo - contra la decisión de levantar la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba contra el exsenador.
Las víctimas del proceso afirmaron que es un retroceso para los avances de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la investigación contra el expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Mientras que la jueza que le otorgó la libertad al exmandatario concluyó que la indagatoria del viejo sistema (Ley 600 del 2000) no era equivalente a una imputación de cargos en el nuevo sistema (Ley 906 de 2004). Además, que la decisión de privar la libertad ahora la debe tomar un juez ya que el caso pasó a la Fiscalía y no se le puede pedir a esta que presente un escrito de acusación sobre un proceso que apenas está iniciando.
En esa audiencia, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría, en voz de sus delegados en el caso, respaldaron y pidieron aprobar la solicitud de libertad de la defensa de Álvaro Uribe.
La libertad del exsenador no significa que el proceso haya acabado, pues existen centenares de pruebas -según la Revista Semana, que tuvo acceso al expediente- que aún deben ser analizadas por la Fiscalía y debatidas por un juez de conocimiento.
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La declaratoria de culpabilidad o inocencia no dependen de la juez que falló el 10 de octubre a favor del exmandatario, sino de la solidez de las evidencias de cada una de las partes y del debate en un juicio que no ha comenzado.
El fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes, tiene como tarea revisar los elementos probatorios para decidir si acusa o absuelve al expresidente.
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