El papel de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia, según Popeye

Jhon Jairo Velásquez mejor conocido como Popeye fue el sicario más cercano al narcotraficante Pablo Escobar y antes de morir contó el papel del narco en la toma del Palacio de Justicia.

En 1985, con el imperio del Cartel de Medellín llegando a su punto más álgido frente al poder y violencia que ejercía sobre el territorio colombiano, Escobar detonó una guerra contra el Gobierno de Belisario Betancur y la extradición de narcos a Estados Unidos.

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Más de tres décadas después de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, y la retoma que protagonizó el Ejército Nacional horas después, Popeye reveló que su “patrón” sí financió al grupo guerrillero para que ejecutara el acto terrorista.

En una entrevista para la Revista Semana, el criminal reveló: “El financiamiento por parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Medellín a la toma del Palacio de Justicia es una realidad; nótese que no digo supuestamente”.

Popeye, quien pagó una condena de 23 años de prisión, fue recapturado en 2018 y falleció en la cárcel, aseguró en su versión que, Escobar le entregó armas y dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, jefe militar del M-19, insumos que fueron cruciales para llevar a cabo el plan que venía rodando con meses de anticipación.

“El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado”, y ya en una supuesta negociación, lo primero que tenían que pedir los comandantes guerrilleros era que el Gobierno renunciara a la extradición de colombianos a los Estados Unidos, que era la lucha del cartel de Medellín. “El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada”, le dijo a Semana.

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Popeye también contó que el capo narco vio una oportunidad de oro cuando el M-19 le contó de la operación que estaban planeando.

Esta versión también fue apoyada por la Comisión de la Verdad, que en 2009 detalló que Escobar “entregó dos millones de dólares” a Iván Marino Ospina, por entonces jefe del Movimiento 19 de abril (M-19), y miembros de ese grupo guerrillero recibieron armas para poder llevar a cabo la toma.

El texto estableció que el Estado colombiano debía aceptar su responsabilidad por “un exceso de la fuerza publica” tras el asalto de la guerrilla al Palacio de Justicia. En el hecho murieron más de un centenar de personas.

“Realmente, es indiscutible que hubo un exceso de la fuerza pública en la recuperación (del Palacio),”, declaró el magistrado Nilson Pinilla, uno de los tres miembros del comité investigador de esa comisión.

Versión desmentida por los exguerrilleros del M-19

En 2020, ante la Comisión de la Verdad, desmovilizados del M-19 reconocieron que fue una decisión equivocada tomar el Palacio de Justicia para “presionar al gobierno de Belisario Betancur para negociar la paz”. Pero negaron toda relación de la antigua guerrilla con el narcotraficante Pablo Escobar.

José Otty Patiño, quien fue uno de los máximos jefes del grupo subversivo, dijo que está “absolutamente convencido, no solo por la valoración que tengo de quienes eran los comandantes del M-19, específicamente de Álvaro Fayad (comandante en el momento de la toma del Palacio de Justicia), que es imposible, moralmente, que esa decisión se haya tomado por una orden de un narcotraficante como Pablo Escobar”.

Había el rumor de que Escobar además financió la operación de la toma del Palacio de Justicia para que los guerrilleros una vez dentro quemaran los documentos de procesos que la Corte Suprema de Justicia adelantaba contra el narco.

Sin embargo, Álvaro Jiménez, quien fue vocero del M-19 en las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur en 1984, dijo que era falsa esa hipótesis.

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El caso del Palacio de Justicia no ha avanzado desde hace más de un año en los tribunales, por lo que las víctimas le exigen la verdad a los procesados.

“Nosotros necesitamos una verdad ya, la que sea que los victimarios tengan que contar, pero ya; han pasado 35 años y no ha habido ninguna verdad ni ningún reconocimiento por parte de ellos”, Pilar Navarrete, viuda de Héctor Jaime Beltrán Fuentes e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en una entrevista a Sputnik.