Para este jueves 5 de noviembre estaba programada la audiencia de imputación de cargos en contra del soldado que acabó con la vida de Juliana Giraldo, el pasado24 de septiembre.
Ese mismo día inició una investigación en la Fiscalía y se designó a un “fiscal experto” para que abordara el caso, además, con una perspectiva que tuviera presente la “identidad de género de la víctima”, al pertenecer a la comunidad LGBT.
En este sentido, este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del militar sindicado como victimario, ante el Juez Promiscuo Segundo Municipal de Miranda, Cauca.
Sin embargo, la audiencia no fue procedente, pues se abrió un debate que dejó en veremos el procedimiento y fue precisamente si el caso debía llevarse ante la jurisdicción penal ordinaria o ante la jurisdicción penal militar.
El abogado defensor del soldado puso sobre la mesa este conflicto de competencias, indicando que la juez de garantías era incompetente para llevar el proceso, toda vez que el hecho debía ser conocido por la justicia penal militar.
A su vez, la fiscal del caso se opuso argumentando las razones por las cuales la competencia debe estar en manos de la jurisdicción ordinaria.
La postura de la Fiscalía fue avalada por el Ministerio Público y el representante de la víctima, quienes también consideran que el caso debe continuar en manos del ente investigador, es decir, en justicia ordinaria.
En consecuencia, la juez de control de garantías decidió remitir el caso a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que decida cuál justicia debe resolver el caso.
<mark class="hl_orange"><b>No se esclarecen los hechos para la comunidad trans </b></mark>
Cuando ocurrieron los hechos, la Red Comunitaria Trans aseguró que Juliana Giraldo era la victima número 28 este año en circunstancias violentas.
“Las personas trans morimos dos veces; primero, cuando nos matan, cuando nos apuñalan, y cuando nos ponen el pie encima del Estado negligente”, dijo la organización.
Por su parte, en el comunicado que expidió el Comando Específico del Cauca, señaló que “lamentaba” informar a la opinión pública que “una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza” cuando las tropas “adelantaban labores de control militar de área”, aunque no dio detalles de lo que esas labores implicaban.
La cabeza de ese comando, el general John Rojas, confirmó públicamente que el militar que hizo el disparo estaba ya bajo la custodia de las autoridades.
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