El 6 de noviembre de 1985 fueron asesinadas 94 personas, otras fueron torturadas y al menos 11 fueron desaparecidas, hechos que ocurrieron en medio de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19.
35 años después las víctimas claman justicia y es por eso que las altas cortes citaron a una misa virtual y a un homenaje en el que la voz de las víctimas fuera escuchada.
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En el evento virtual, el Consejo de Estado realizó una Sala Plena en la que participaron el procurador General, el ministro de Justicia, el defensor del Pueblo, los presidentes de la Corte Suprema, Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, así como familiares de víctimas del holocausto.
Álvaro Namén, presidente del Consejo de Estado, afirmó que los daños son irreversibles.
“De un lado, el M-19, y de otro lado, la autoridad militar; gran paradoja. El Palacio de la Justicia, donde deben reinar las garantías y los derechos, convertido en el epicentro del horror, la barbarie y el desprecio por la vida”, dijo.
Jorge Luis Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo una invitación a no olvidar: “Cada uno de nosotros debería hacer el ejercicio de reescribir la historia, pensando en cómo transformaría algunos hechos que pudieran dar un enlace diferente al que ya todos conocemos, solo así, tal vez, encontremos sentido cada año a recordar esta fecha tan triste para nuestra humanidad”.
El presidente de la Corte señaló que “resolver pacíficamente los conflictos, sin eliminar al otro, sino escuchando los argumentos de las partes”, es uno de los papeles claves que tienen los jueces en una democracia.
El magistrado también dijo que el holocausto del Palacio de Justicia es un espejo “de la violencia que vive el país”, pues es una violencia irracional que arrebata vidas inocentes, que no escucha a la justicia, y arrasa a “trabajadores honestos y entregados a sus labores”.
También intervino el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, quien señaló que en Colombia hemos padecido de una “pandemia de dolor, violencia y trauma social”, sobre la que por años se ha buscado su mejor cura.
Cifuentes señaló que en la tarea de “recomponer las ruinas del pasado”, el Consejo de Estado ha jugado una responsabilidad histórica, pues fue fundamental para que se reconociera que “además del accionar irresponsable del M-19, el Estado colombiano tenía que reconocer la desproporción del uso de la fuerza con la cual se llevó a cabo la retoma del Palacio, la omisión en la protección de la vida de civiles, y la responsabilidad en la desaparición de al menos 11 personas”.