Tras 66 días de huelga, trabajadores del Cerrejón piden ayuda de la Defensoría del Pueblo

Hoy 5 de noviembre se cumplieron 66 días desde que los trabajadores del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, pararon en reclamación de mejores condiciones laborales. Según la presidenta de la compañía, Claudia Bejarano, las pérdidas diarias alcanzan los 7.000 millones de pesos.

Sintracarbón, organización sindical que decretó la huelga el pasado 31 de agosto, representa a los trabajadores directos y tercerizados de la compañía Cerrejón. En la negociación, han presentado un pliego de peticiones con el que pretenden defender los beneficios de los trabajadores, que representan a su vez 10.000 familias de la región. Esto fue lo que expusieron en una carta que enviaron al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien tendrá una reunión con el sindicato este mismo jueves.

“Hoy nos tiene en huelga, primeramente, el proceso formal de negociación que inició a principios de enero de este año y que se desarrolló de manera presencial. No hubo acuerdo al final de la etapa de arreglo directo, se votó la huelga pero había que iniciarla hasta el día 28 de marzo de 2020, cuando apenas el Gobierno Nacional había decretado el aislamiento social obligatorio por la pandemia de la Covid-19. En aquel entonces, el sindicato, en un acto de objetividad dio por terminado el proceso retirando el pliego de peticiones”, relató la carta.

En ese sentido, los trabajadores aseguraron que la convención colectiva de trabajo se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020.

“Fue necesario iniciar un proceso de negociación con un pliego de peticiones modesto en atención a la mengua del volumen de ventas y de precios del carbón, que, en nuestro análisis, solo refleja disminución de las ganancias operacionales, pero, en ningún caso, se asimila a una crisis”, agregó el comunicado.

Según los voceros del paro, la posición de la empresa es de “contrariar el espíritu de progresividad que encierra toda negociación”, pues según ellos, intentan congelar, reducir o quitar beneficios que ya habían obtenido.

Los líderes de Sintracarbón aseguraron en su carta que el anuncio de un nuevo turno, al que llamaron el “turno de la muerte”, fue “la gota que derramó el vaso” en la negociación:

“Como se sabe, Cerrejón es el mayor empleador privado de la Guajira y su producción alcanza cerca del 45 por ciento del PIB departamental. La compañía anunció que tratándose de los trabajadores directos (cerca de 5.000), le impondrá un turno de trabajo para 3 cuadrillas y eliminando una (hoy son 4), que en la práctica representa la disminución del 25 por ciento de los puestos de trabajo directos en la áreas operativas”, aseguró el sindicato.

Según dio a conocer Semana, hoy en día “el turno es rotativo día-noche: 2x1-2x3, es decir dos días continuos de trabajo, uno de descanso, dos días continuos de trabajo, tres de descanso”, una metodología establecida así desde hace 30 años en el reglamento de trabajo.

Pero los huelguistas aseguraron en su carta que, “el turno que pretende imponer también es rotativo día-noche pero 7x3-7x4, es decir trabajar 7 días continuos y descansar 3 días, trabajar 7 días continuos y descansar 4 días. En otras palabras, más días de trabajo por menos días de descanso. Con justa razón, ya lo hemos rotulado como el Turno de la Muerte”.

Así entonces, los líderes de la huelga pidieron al defensor del Pueblo que medie en el conflicto laboral:

“Pedimos a usted, con mucho respeto, que en su deber misional en defensa de los derechos humanos, medie en este asunto. No es posible, que nuestras autoridades sigan de espaldas ante un suceso tan dañino para las finanzas de nuestros entes territoriales y de la nación, y sobre todo para la economía de miles de hogares que dependemos de nuestros salarios”.

Este jueves empezarán las negociaciones con una reunión en la que estará presente el defensor del Pueblo, y hasta el 11 de noviembre se establecerá una mesa de conversación entre una subcomisión de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, para encontrar estrategias que lleven a la solución del conflicto.

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