Congreso busca protección social para trabajadores de plataformas tecnológicas

Hoy por hoy se debaten en el Congreso de la República tres proyectos de ley que buscan protección social para unos 200.000 trabajadores de plataformas tecnológicas para que puedan contar con acceso a salud, pensión y cobertura de riesgos.

Para que los debates tuvieran mayor rapidez, un grupo de representantes y senadores convocó una audiencia pública para discutir la posibilidad de unificar las propuestas, que pretenden regular el trabajo en aplicaciones.

Se trata de los proyectos 85 de 2020, propuesto por el Centro Democrático y respaldado por el Gobierno; 221 de 2020 del Partido Mira; y 246 de 2020, de los representantes Mauricio Toro (Partido Verde) y Jenifer Arias (Centro Democrático).

El primero (PL 85) traslada el modelo del contrato de prestación de servicios de cotizar a seguridad social sobre el 40 % de los ingresos totales a los colaboradores de las plataformas, pero plantea que la mitad del aporte lo haga el socio y la otra mitad el empresario.

El segundo (PL 221), por el contrario, plantea que los aportes se hagan sobre el ingreso de todo el mes, pero reduce los porcentajes de cotización para salud de 12,5 % a 11,4 % y para pensión de 16 % a 5 %; que sería aportado, el 50 % por el socio, el 25 % el empresario y el otro 25 % de quien haga de intermediario.

Finalmente, el tercer proyecto (PL 246) acoge a la idea de que la cotización se haga sobre el 40 % del ingreso y que venga netamente del colaborador. Además, los dos últimos proponen establecer un piso de protección social para quienes no alcancen a completar un salario mínimo en ingresos.

El centro de la discusión tiene que ver con la relación contractual entre las plataformas y los colaboradores, pues en las propuestas se parte de la idea de que la persona vinculada es un prestador de servicios y no está sujeto a un contrato laboral.

Una vez se concreten los debates podrá determinarse quién paga la seguridad social y cuáles son las obligaciones de cada parte. En resumen, se pueden entregar garantías mínimas en derechos laborales.

Un documento recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el COVID-19 ?”- señala las oportunidades y retos que se presentan con el uso de las plataformas tecnológicas como una forma de recuperar el empleo en América Latina.

Esta región, afirma el documento, ha sido particularmente afectada por la pandemia por factores como los altos niveles de informalidad laboral que padece. “Se estima que se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar al 62% en la región, lo que equivaldría a perder todos los avances logrados entre 2000 y 2013”, señala el BID.

El “trabajo en casa”, con seguridad, para muchas personas ha significado también tener que llevar a cabo reuniones con colegas u otras personas a través de plataformas virtuales. El BID señala que entre enero y abril de 2020, la tasa de descargas de aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams, entre otras, incrementó de manera sustancial: 3340 % en América Latina y el Caribe, 2433 % en Europa y 1509 % en Estados Unidos.

En este sentido, el gremio de empresarios ANDI y el Ministerio de Trabajo presentaron los resultados de una encuesta —en la que participaron 277 organizaciones y 8.669 trabajadores— que revela que cerca del 60 % de los trabajadores en casa están laborando más de ocho horas diarias.

Al hablar de plataformas tecnológicas para el trabajo —aquellas que, según la entidad, tienen un gran potencial para ayudar a recuperar el empleo en la región—, el BID menciona dos tipos: están, por un lado, las que permiten desarrollar actividades profesionales, semiprofesionales o microtareas en línea, desde cualquier lugar —probablemente la casa—, como freelancer.com o el servicio de Amazon Mechanical Turk. Por otro lado, están aquellas que requieren movilización de un sitio específico a otro, como Uber y Rappi, entre otros, cuyo uso se ha incrementado en medio de la pandemia.

Sin embargo, el BID no deja de señalar los desafíos, principalmente regulatorios, que todas estas modalidades implican.

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