Con presencia de la canciller y el ministro de medio ambiente, gobierno impulsa el Acuerdo de Escazú en Congreso

Después de una semana en la que presiones de sectores ambientales y políticos afines al Acuerdo de Escazú incidieron en la opinión pública para llamar la atención del gobierno en cuanto a la gestión de la iniciativa que espera trámite en el Congreso, la canciller y el ministro del medio ambiente dieron luz verde a las discusiones en la comisión segunda para ratificar uno de los articulados más relevantes para la protección del medio ambiente en América.

De acuerdo con la ministra, el gobierno está del lado del Acuerdo, por lo que la urgencia para aprobarlo es parte de las tareas pendientes de este periodo: “Este proyecto de ley reafirma el compromiso del Gobierno con la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Es una decisión consistente con las apuestas que hemos emprendido a nivel multilateral para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, y para proteger nuestros océanos y reducir la contaminación”. Sin embargo, las declaraciones oficiales de Blum no inciden en la renuencia de las bancadas afines al gobierno que apuestan por dilatar la aprobación del articulado bajo la utilización de foros y escenarios públicos.

En ese sentido, el senador Juan Diego Gómez señaló: “A mí me gusta el acuerdo y lo quisiera votar positivo, y lo que tenemos es la intención de proceder como corresponde. Yo pediría que le demos la oportunidad al acuerdo de hacer el debate, de ampliar la discusión, de hacer estos foros. Este no es un proyecto que tenga fecha de vencimiento y sí podríamos encontrar el camino para votarlo positivo, pero si se fuerza la votación, yo creo que no sería sano y tocaría hacer una medición de fuerzas. No vale la plena presionar la votación, sino buscar un camino de concertación”, en lo que parece ser la salida del Congreso ante las presiones de última hora del gobierno.

En las discusiones virtuales, el ministro de medio ambiente, llamó la atención para superar criterios partidistas en lo tocante a Escazú: “Invito al congreso a que esta sea una visión compartida, de presente, de futuro, que sea nuestra responsabilidad con las generaciones venideras”.

Sin embargo, al Acuerdo le falta trecho para su ratificación. Radicado el 23 de julio de 2020, por ley debe pasar por una fase de socialización ante sectores sociales que tienen mucho por decir con respecto a éste, por lo que el mensaje de urgencia del gobierno se enfrenta tanto con el tiempo de las discusiones como con la necesidad de ratificarlo ante el compromiso internacional adquirido en la plenaria de las Naciones Unidas en septiembre.

Definido en su alcance como una de las herramientas más importantes para la preservación del medioambiente en la región, tiene como objetivo impulsar el acceso a la información ambiental, la participación pública en toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Su carácter vinculante, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), lo vuelve un instrumento pionero que logró en su momento el consenso regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además de lo anterior, es único dado que contiene disposiciones específicas que atañen a la protección de la vida para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.