Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras piden despenalizar el aborto en Colombia

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras enviaron una solicitud a la Corte Constitucional Colombiana pidiendo que la regulación del aborto se haga por fuera del derecho penal, y que, por el contrario, sea incluido como parte de la regulación de los servicios de salud sexual y reproductiva.

La directora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, le envió un documento de 25 páginas al magistrado Antonio José Lizarazo, quien tiene a cargo el estudio de la demanda que busca despenalizar el aborto en Colombia.

En el escrito, Guevara le expone al magistrado que la despenalización del aborto debe ser aprobada, para que la regulación de los servicios de los derechos sexuales y reproductivos se relacionen con los estándares del derecho humano a la vida, la seguridad, la salud, la integridad personal, la igualdad, y a estar libre de torturas, tratos crueles e inhumanos.

“Las regulaciones o normativas relacionadas con el aborto deben ser compatibles con los derechos humanos; es decir, no pueden estar diseñadas de modo tal que busquen limitar, disuadir o demorar el acceso a este servicio de salud en condiciones seguras”, manifestó en el documento Guevara.

La directora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional también enfatizó que, de establecerse límites en el tiempo de gestación para realizar el aborto, es necesario garantizar servicios integrales durante todo el embarazo, y sin discriminación alguna.

El coordinador de Médicos Sin Fronteras en Colombia, Alejandro Arantegui, por su parte, manifestó su apoyo a la despenalización del aborto, y le dio a conocer a la Corte Constitucional que desde la organización humanitaria han podido identificar que parte de la ayuda que las mujeres les solicitan, tiene que ver con embarazos no deseados.

Luego de recoger información de 428 mujeres, Médicos Sin Fronteras informó que el 47% de ellas pensaba que el aborto estaba penalizado, y no tenían conocimiento de sí podrían acceder a este de forma segura; el 5% fue rechazada, maltratada o estigmatizada, y a un 27% le fue negada por parte de prestadores de servicios de salud.

“El maltrato sufrido por mujeres y niñas se manifestó de múltiples formas: prolongados tiempos de espera al darse prioridad a otras pacientes, ingreso de un mínimo de 12 horas, independientemente de su edad gestacional (lo que las expone a comentarios desagradables y atenta contra su intimidad), desatención, indiferencia e, incluso, negación de analgesia o dilatación en la atención médica al exigirse a las pacientes pruebas innecesarias”, explicó la organización.

En el documento, Médicos Sin Fronteras también le expuso a la corte que en las zonas más apartadas del país, el personal médico se oponía a dar información a las mujeres sobre los derechos que tienen en relación con el aborto y en qué causales, además de su negativa por atender complicaciones de salud causadas por el aborto.

De acuerdo con la organización, el 53% de las solicitudes de aborto se hicieron en Buenaventura, el 38% de Tumaco, y el porcentaje restante en zonas remotas de Arauca, Chocó y Norte de Santander.

“La edad de las solicitantes iba de los 12 a los 46 años, de los cuales el 83 % eran menores de 30 años y el 34 % eran niñas y adolescentes de entre los 12 y los 19 años (…) Hasta un 3 % de las mujeres que acudieron a MSF para solicitar una IVE reconocieron haber intentado un método alternativo no seguro antes de llegar a nuestro servicio, como la ingestión de hierbas, automedicación e incluso la introducción de objetos o los golpes”, informó Médicos Sin Fronteras.

En el momento las únicas causas por las que una mujer puede realizarse un aborto en Colombia, son cuando existe peligro en la salud física o mental de la mujer, en caso de malformación del feto, o por violación; por esta razón, las solicitudes de estos dos organismos internacionales buscan que el aborto pueda ser legal en cualquier caso, lo que asegure que las mujeres puedan realizar estos procedimientos en condiciones 100% seguras, y donde no pongan en riesgo su vida.