‘Águilas Negras’ amenazan a líderes sociales y ambientales en Magdalena Medio

Organizaciones ambientales denunciaron este jueves que 18 líderes sociales y ambientales del Magdalena Medio fueron amenazados de muerte a través de un panfleto, firmado por una estructura paramilitar que se autodenomina ‘Águilas Negras, Bloque Magdalena Medio’.

En un comunicado se detalla que entre las víctimas de esta intimidación se encuentran seis integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking: Luis Alberto Gonzáles, Oscar Sampayo, Yesid Blanco, Raul Barba Rueda, Leonardo Granados y Alexander Mateus Rodríguez. También figuran tres mujeres: Graciela Rojas, Mayra Galván y Yasmín Urueta, el congresista Fabian Díaz Plata, el personero de Puerto Wilches y varios miembros del Concejo Municipal.

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Varios de los líderes amenazados han intervenido de forma directa y activa en defensa de las fuentes de agua del Magdalena Medio, en particular de la ciénaga San Silvestre que abastece a los 200.000 habitantes de Barrancabermeja, demostrando a través de distintos estudios científicos los altísimos niveles de contaminación y la preocupante presencia de metales pesados en este importante cuerpo de agua, derivada de 100 años de actividad petrolera.

En este contexto, el pasado 19 de octubre, tres de los defensores amenazados interpusieron una acción de tutela en contra de Ecopetrol, Aguas de Barrancabermeja, la multinacional Veolia y diversas autoridades ambientales para suspender el funcionamiento del relleno sanitario que contamina el afluente y declarar la ciénaga como sujeto de derechos. La tutela aún no ha sido decidida.

Estos líderes, en conjunto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, también han animado la oposición a los “Proyectos piloto de fracking” que pretenden adelantarse en el Magdalena Medio durante los próximos meses.

“Rechazamos las declaraciones realizadas por el comandante de Policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Martínez, quien señaló que las Águilas Negras no operan en la región y calificó el panfleto como falso”, señalaron las organizaciones denunciantes.

Así mismo, exigieron que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos ocurridos, individualice y judicialice a los responsables, y que avance sin más dilaciones en las investigaciones que se encuentren en curso por hechos similares a los ocurridos.

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“Al Gobierno Nacional, a la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Santander, y a las autoridades locales de Puerto Wilches y Barrancabermeja, que brinden todas las garantías de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales amenazadas y sus familias, para permitirles ejercer su labor”, claman las organizaciones.

Colombia registró al menos 64 crímenes en 2019 y en lo corrido de este año, van otros 200 líderes sociales asesinados, según Global Witnees.