“No tienen evidencias científicas de lo que dicen”: la Asociación Colombiana del Petróleo contra la Procuraduría

La discusión de implementar el fracking en Colombia no se detiene y, tras la advertencia negativa de la Procuraduría en contra de la práctica por la afectación que puede causar al medio ambiente, la Asociación Colombiana del Petróleo refutó, argumentando que no hay evidencias científicas que demuestren lo expuesto por ese órgano de control.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado declarar como nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que especifican los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, el fracking uno de ellos.

“Teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente los ecosistemas que dependen de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”, argumentó la Procuraduría ante la sala tercera del Consejo de Estado.

La ACP (Asociación Colombiana del Petróleo) se pronunció ante la solicitud hecha por esa entidad y aseguró que, “de manera respetuosa del pronunciamiento del Ministerio Público” no hay evidencias científicas que evidencien lo que están denunciando.

Para los integrantes de la asociación, el fracking traerá consecuencias positivas para el país y es importante que el gobierno colombiano apoye el desarrollo de nuevos proyectos, que buscan beneficios como atraer inversión extranjera, generación de empleos y reactivación de la economía.

Francisco Lloreda Mera, presidente de la ACP, manifestó que “la industria del petróleo y gas ha sido aliada del desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse. Este principio es el que ha regido al sector y otros sectores económicos que hoy más que nunca son clave para la generación de ingresos y reactivación económica y social del país”.

El representante gremial señaló también que era importante recordar lo que, asegura, al parecer, la Procuraduría desconoce: los dictámenes resultantes de una investigación hecha por la Universidad Nacional de Colombia en donde se explica que “no existe evidencia científica de daños ambientales irreversibles al usar esta técnica”.

El líder del gremio petrolero recalcó que lo principal para empezar con las labores de fracking en Colombia es llevar a cabo los proyectos piloto de Investigación para así evidenciar lo que realmente sucede con la extracción de hidrocarburos. Afirmó que los pilotos son necesarios “para obtener información técnica, ambiental y social, que permita avanzar en la toma de decisiones basadas en información científica y verídica sobre la implementación de esta técnica en Colombia y la viabilidad de desarrollar los yacimientos no convencionales”.

La ACP expresó que, en última instancia, la nulidad que solicita el órgano de control se refiere, únicamente, a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no a la técnica del fracking. A esto, sumaron que los argumentos planteados por el ente de control estaban citados de manera incorrecta, específicamente los principios de precaución y de desarrollo sostenible, según la ACP, la Procuraduría confunde los impactos con los riesgos.

Los voceros de la organización petrolera denunciaron que ,incluso, la Procuraduría omitió información como la de los aspectos técnicos del fracking en Colombia que, según manifestó la ACP, la Comisión de Expertos había sido clara al mencionar que la regulación de la extracción de hidrocarburos en el país es completa y pertinente, y cumple con regulaciones especiales respecto a temas de índole ambiental y social.