Mujeres de áreas rurales, indígenas y afrodescendientes, sufren violencia asociada con el ejercicio de sus derechos

De acuerdo con “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a los impactos diferenciados en las mujeres”, informe realizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en Colombia, Perú, Guatemala y Honduras, países que desarrollaron un modelo económico extractivista de recursos naturales, son las mujeres indígenas y rurales en su rol comunitario de activistas y defensoras del medio ambiente, quienes sufren violencia de parte de los hombres, tanto compañeros sentimentales como miembros de la comunidad y trabajadores foráneos, por la instalación y desarrollo de este tipo de proyectos extractivistas en sus territorios.

De acuerdo con la investigadora líder del proyecto, Cristina Blanco, la violencia ejercida especialmente contra las mujeres es provocada por estos actores en varios contextos. Por ejemplo, los trabajadores de las compañías que se instalan en las comunidades buscan agredir y abusar de las mujeres, incluso de las que se encuentran en estado avanzado de gestación. También ejercen actos de violencia contra sus hijos y abusan sexualmente de las mujeres jóvenes. Sin contar que planean y ejecutan asesinatos, a veces pretendidamente “pasionales”, contra líderes de estas comunidades. Blanco, que elabora el enfoque de género en el informe, subraya un factor crítico para las mujeres: elegir entre los afectos de su familia o los compromisos con la organización, lo que acarrea otro motivo de violencia como consecuencia de su elección, la agresión de sus compañeros, quienes no aceptan que ellas opten por el activismo y promoción de derechos, y no por continuar a tiempo completo con las relaciones afectivas.

En el caso colombiano, la situación es crítica para las mujeres en áreas rurales o con vinculación étnica o afrodescendiente debido a la imposición de un modelo extractivista que, de acuerdo con el informe, es el detonante de situaciones en los que ellas corren riesgo: “...ejemplo de marcos legales que incrementaron estos conflictos, en 2001 se emitió el Código de Minas, diseñado para favorecer la inversión privada extranjera al otorgar títulos de concesión sin mayores consideraciones en materia ambiental. Esto conllevó al incremento de la violencia y graves violaciones de derechos humanos”. Existen reportados 37 casos de conflictos socioambientales en los que las mujeres y sus organizaciones involucradas en el rechazo a megaproyectos, son ignorados por las autoridades, que niegan la protección requerida para preservar la vida de las mujeres. En el mapa de este tipo de violencias, 12 casos están vinculados a proyectos extractivos y uno a proyectos de infraestructura, sobre los que hay alerta roja.

Lo anterior en un panorama que normalizó riesgos de todo tipo para defensoras y defensores de derechos humanos. El informe subraya que, pese al reconocimiento del estado colombiano en torno a sus limitaciones, el camino es largo para defender la vida de las mujeres incorporando un enfoque de género y también una estrategia efectiva de protección de derechos. Tan solo en el periodo de 2016 hasta 2018, son 342 personas defensoras asesinadas en labores de protección al medio ambiente y al desarrollo sostenible de sus comunidades. Y son 462 agredidas por organizaciones criminales en 2020.