Jueza encargada del caso Reficar se declaró impedida

Luego de la audiencia finalizada a las 10:30 a.m. del 4 de noviembre, en donde se avanzaría en el proceso para determinar condenas por escándalo de corrupción de Reficar, un desfalco que sobrepasó los 8.000 millones de dólares por sobrecostos injustificados en la construcción de la Refinería de Cartagena, Betulia Orduña Holguín, la jueza 31 penal de conocimiento de Bogotá, se declaró impedida para seguir con el proceso.

El motivo del impedimento obedecería a un posible caso de conflicto de intereses de la jueza a cargo con la empresa Ecopetrol, dueña de Reficar. La jueza Orduña Holguín manifestó que las relaciones contractuales con Ecopetrol existieron desde diciembre de 2019, y la audiencia de este miércoles era la más oportuna para manifestar el impedimento y anunciar que el caso iba a nuevo reparto.

Hasta el pasado 14 de octubre de 2020 la jueza fungió como representante legal de la empresa Dispetrocom Ltda., compañía dedicada a la venta de combustibles, que habría celebrado al menos cinco contratos, por 523 millones de pesos con Ecopetrol para el suministro de combustibles por cientos de millones de pesos que figuran en el Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Semanas antes de la audiencia contra los siete señalados por la justicia, el abogado de uno de los implicados por el escándalo de Reficar dijo que evaluarían la posibilidad de recusar a la jueza e indagar si habría violado o no normas que impiden que servidores públicos contraten con el Estado, teniendo en cuenta que la ley prohíbe el ejercicio simultáneo de la actividad judicial con actos de contratación con el Estado, para asegurar absoluta imparcialidad en las decisiones tomadas.

Desde enero de 2018, la jueza tiene en su despacho los casos en contra de Reyes Reinoso, el expresidente de la refinería; Orlando Cabrales, exrepresentante legal; Pedro Rosales, exmiembro de su junta, y Felipe Laverde, su exvicepresidente jurídico.

Igualmente maneja el expediente del revisor fiscal Carlos Lloreda y las acusaciones contra Philip Asherman y Masoud Deidehban, representantes de CB&I (Chicago Bridge & Iron Company), la empresa contratista estadounidense. A los implicados les fueron imputados los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad documental y enriquecimiento ilícito de particulares.

La posición de Ecopetrol

En principio Ecopetrol manifestó que le correspondía a la jueza evaluar cualquier impedimento, pero luego decidió cancelar los contratos con la empresa de la que la jueza fue representante legal. “Ecopetrol informa que, una vez realizada la verificación de la información divulgada sobre la empresa Dispetrocom Ltda., de la que fue representante legal una jueza de la República, la Empresa dio por terminadas las órdenes de compra vigentes con dicha firma para el suministro de combustibles en algunas regiones del país”, indicó el pasado 31 de octubre la petrolera, mediante comunicado.

Ecopetrol agregó que, a la luz de lo estipulado en la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, numeral 3 del artículo 151), y en consideración a que Betulia Orduña Holguín habría sido representante legal de la compañía Dispetrocom Ltda. mientras ejercía funciones como jueza de la República, las autoridades competentes tendrán que pronunciarse sobre la configuración de una incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones dentro de la Rama Judicial.

Ahora el caso quedó a la espera de que un juez de reparto evalúe si hay impedimento, estudie de nuevo el grueso expediente y vuelva a citar a audiencia para condenar a los responsables del desfalco que duplicó el presupuesto inicial de la refinería de 3.700 a 8.000 millones de dólares, y demoró tres años más el proyecto.

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