Fiscalía retiró segundo preacuerdo por caso de narco finca del embajador Sanclemente

Según el ente acusador, el investigador anterior del caso otorgó beneficios a Bejarano, sin embargo lo hizo sin que el procesado hubiese colaborado con la justicia, tal y como sucedió en el caso del otro mayordomo, Laureano Martínez Cortés, a quién también se le retiró este preacuerdo en la búsqueda de una posible colaboración y esclarecimiento de los hechos.

Hoy por hoy, Bejarano es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, y el preacuerdo que se le otorgó no contempla la devolución de dinero obtenido por cuenta del narcotráfico, además fue excesiva la rebaja de hasta el 50% de la pena, cuando no existe colaboración con las autoridades judiciales.

La Fiscalía también dejó abierta la posibilidad para negociar un principio de oportunidad para Gustavo Bejarano Romero, a cambio de que entregue información que permita establecer los responsables del narco laboratorio en la finca Haras de San Fernando, ubicada en Guasca Cundinamarca y que es propiedad del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.

El exembajador de Colombia en Uruguay está en el centro del escándalo, tras encontrar, en una finca de su propiedad un laboratorio donde se producía cocaína.

El entonces embajador reconoció que en el lugar habían algunas casas de recreo, y otra parte de la finca estaba arrendada para garantizar el sostenimiento del predio.

“Esta es una propiedad que ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros. (...) En 1987 se constituyó una sociedad con la familia Spiwack, propietaria de la Organización DANN, quedando cada una de las familias con el 50 % de la participación sobre la misma”, informó en un comunicado la Cancillería.

Será clave para los dueños del predio demostrar que el lugar donde fue ubicado y destruido el laboratorio estaba en arriendo, para evitar que la propiedad entre a extinción del dominio como lo ordena la ley.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y la Policía de Colombia venían manejando una teoría sobre la presencia de un grupo de narcotraficantes en Cundinamarca y Boyacá que, a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, enviaban cocaína con destino a Estados Unidos y Europa.

Lo primero que lograron establecer los investigadores del caso es que el clorhidrato de cocaína lo producían los integrantes de la red, y gracias a una fuente humana lograron centrar el perímetro operacional en el municipio de Guasca, en Cundinamarca.

Las autoridades estiman que en el laboratorio se producían al día entre 10 y 15 kilos de cocaína, que se estarían enviando a través de maletas de doble fondo o correos humanos a los mercados de Estados Unidos y Europa.

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