Fiscal que llevó el caso del Palacio de Justicia denuncia presiones por parte de un expresidente

Hace 35 años el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego por la guerrilla del M19 y posteriormente retomado por miembros del Ejército Nacional. Fueron 98 los muertos que dejó este ataque armado en pleno centro de Bogotá, entre ellos 11 magistrados.

Sin embargo, el caso avanza a paso de tortuga y varias organizaciones denunciaron que hay pactos de silencio por parte de los agentes estatales involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la retoma, lo que se traduce en impunidad.

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En la presentación de la campaña “Nadie está por encima de la justicia”, la exfiscal del caso Ángela María Buitrago denunció que hay sectores en Colombia que no quieren que se sepa la verdad de lo que pasó ese 6 de noviembre de 1985.

“Manifestaciones expresas desde la cúpula, dese le ejecutivo y en particular en esa época, el expresidente Álvaro Uribe con todos sus ministros, realizando una denostación de la juez que profirió la primera sentencia y de todo el gobierno que estuvo presente en esa denostación pública de la sentencia, de no estar de acuerdo con esa sentencia. Además tener presiones y amenazas”, aseguró la exfiscal sobre lo que tuvo que sortear para investigar el caso.

Además señaló que “hoy tampoco se escucha a la rama judicial, se nos sigue considerando un apéndice del Ejecutivo y sobre esa base se dan permanentes amenazas, permanentes afirmaciones de desafío sobre decisiones judiciales, olvidando la separación de poderes”.

En la retoma del Palacio de Justicia fue asesinado el presidente de la Corte de Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía junto con otros 10 magistrados y magistradas, y al menos, otros 20 magistradas y magistrados auxiliares, varios empleados del Palacio, abogados y casi la totalidad de los guerrilleros que intervinieron en la toma.

Otros cuerpos no fueron identificados, las actas de levantamiento no fueron consistentes, la evidencia fue alterada y al menos 12 personas desaparecieron.

Los actuales ataques a la justicia

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el propio expresidente, exsenador y fundador del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez, ha centrado sus esfuerzos en ejercer una defensa dentro del proceso que lo involucra basada en los ataques de todo tipo, que han llegado a su punto más álgido con la propuesta de un referendo para acabar con las altas cortes y con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.

“Ante este oscuro panorama, cada vez somos más voces y más fuertes las que nos negamos a volver al pasado. Este 4 de noviembre lanzamos la campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia exigiendo que cese el fuego contra la justicia desde el alto gobierno y a que, en lugar de ese fuego destructivo, se encienda una llama que ilumine la memoria de quienes entregaron su vida por la independencia judicial”, señaló el colectivo de abogados.

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Por su parte el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, las presiones recientes contra las instituciones judiciales en Colombia comenzaron el 4 de agosto cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva el expresidente Uribe, en un proceso que el tribunal seguía en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

“Estamos ante uno de los mayores desafíos y amenazas por las que ha pasado la independencia judicial en muchos años. Se trata, en mi opinión, quizá de la mayor prueba que ha sufrido el Estado de Derecho en el país desde que hace una década la Corte Constitucional impidió la reelección del expresidente Uribe”, puntualizó Vivanco.