En pandemia el asesinato de líderes sociales aumentó en un 61%

La cifra es clara: entre enero a junio de 2020, durante el primer pico de la pandemia y en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional, fueron asesinados 95 líderes sociales, 36 más que en 2019, lo que significa un aumento del 61%. Además, 452 personas vinculadas a causas sociales en las regiones han sufrido intimidaciones que interfieren en el óptimo desarrollo de su labor. Lo anterior incluye detenciones arbitrarias, atentados, amenazas con panfletos, que desembocan en situaciones extremas como desapariciones forzada y asesinatos ejecutados por organizaciones criminales.

Este panorama es parte del informe El virus de la Violencia, redactado por el colectivo SomosDefensores, en el que hace una descripción al detalle de las víctimas en el territorio. Por ejemplo, discriminar el rol de cada líder o lideresa. Así, de las 452 personas que sufrieron intimidaciones, 104 son líderes comunitarios, 88 pertenecen a distintas etnias indígenas, 73 hacen parte de estructuras comunitarias, 54 son campesinos, 49 son defensores de los derechos humanos, 21 son defensores de víctimas, 15 son parte de colectivos afrodescendientes, 12 son miembros de organizaciones sindicales, 15 académicos, 9 representantes LGBT, 6 juveniles y 6 ambientales. Este nivel de detalle en el informe permite dar rostro y ubicación geográfica a quienes desempeñan labores sociales en el territorio: de los 32 departamentos de Colombia, en 29 viven los amenazados.

Sin embargo, SomosDefensores recalca en su informe que, pese a la cifra, hay un descenso en las agresiones a líderes sociales si se compara el desempeño de años anteriores. Mientras en 2017 fueron 336 agresiones registradas, y en 2018 397, en 2019 tuvo un salto hasta llegar a 580. Así mismo, el estudio recalca que un líder puede sufrir distintas agresiones, lo que hace que la cifra de 2020, recogida durante los tiempos de la pandemia, sea modélica en cuanto al descenso de este tipo de acciones que atentan contra la seguridad de los involucrados.

Otro registro preocupante es el de los presuntos responsables de atentados y homicidios: un 37% de los casos no cuenta con una autoría establecida, un 30% es asignado a grupos paramilitares (unos 172 casos establecidos por la justicia colombiana) y un 12% de las fuerzas armadas (54 casos del total). Las organizaciones irregulares como disidencias de las Farc con el 10%, o 48 casos, un 6% al ELN (27).

El informe, consolidado con cifras del programa no gubernamental de protección a derechos humanos en Colombia y con apoyo de Amnistía Internacional, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la responsabilidad del gobierno Duque es clara en cuanto a la omisión en activar protección de alarma temprana tanto para los líderes asesinados como para los que han sufrido intimidaciones en el tiempo de la pandemia.

Además, subraya que el gobierno no ha utilizado los instrumentos y mecanismos para crear condiciones de seguridad eficaces, lo que conduce a no desarrollar políticas de protección física y material integrales que protejan a líderes y comunidades en el país.