Procuraduría asegura que el fracking no es compatible con el principio de desarrollo sostenible y solicita nulidad para dos decretos que le darían vía libre en Colombia

Es el decreto 3004 de 2013 así como la resolución 90341 de 2014, cuya finalidad consistió en establecer criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, mejor conocida como fracking. El argumento central de la Procuraduría es que este tipo de práctica no es compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la constitución. El Ministerio Público subraya que existe una afectación al medio ambiente, especialmente en lo relacionado con la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, además del aumento de la actividad sísmica en los lugares donde es desarrollada la práctica, e incluso un daño potencial a la salud del ser humano al estar expuesto sin protección alguna ante las sustancias que hacen parte del proceso de fracturación.

En la presentación del concepto ante la Sala Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría señaló que “...teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”.

Recalcó que, de darse el daño, resultaría irreversible para los ecosistemas del país, dado que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, así como una capacidad de monitoreo y control de los riesgos, ni mucho menos un acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica. Razón por la que solicitó la nulidad de los artículos citados ante el Consejo de Estado. El Ministerio Público pidió considerar el principio de precaución, una norma jurídica que le permitiría al estado colombiano preservar la vida y los ecosistemas de los territorios ante un peligro de daño provocado por la contaminación a las aguas subterráneas y superficiales, aumento inusitado de actividad sísmica, y un potencial daño a la salud humana.

La ponencia es la respuesta a una solicitud de nulidad del decreto 3004, establecida por Esteban Antonio Lagos el 26 de diciembre de 2013. La Procuraduría dio lugar a la demanda que frena las intenciones del gobierno Duque por implementar este sistema de fracturación no convencional en el país, que tiene un trayecto errático desde que el candidato prometió no implementar este tipo de prácticas, pero con posterioridad su gabinete técnico ha llevado adelante la discusión en foros académicos.

Pese a contar con aliados como César Pachón, quien ha promovido una iniciativa de ley contra este tipo de extracción, la estrategia del gobierno ha sido avanzar en dos flancos sin pretender mostrar fisuras. Por un lado, el presidente insiste en promover un modelo de extracción de recursos naturales, mientras las acciones del Ministerio de Minas están orientadas a bajar el perfil con tal de lograr consensos para lograr un marco jurídico que haga realidad esta idea antes que concluya el gobierno en 2022. Las acciones de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, desde esta perspectiva, son otra barrera que el gobierno debe superar si pretende hacer realidad sus intenciones.