Fiscalía imputa cargos a dos alcaldes por presunta contratación irregular durante la pandemia

La Fiscalía General de la Nación informó, a través de un comunicado, que Manuel Agustín Cuellar y Fanny Narváez Valencia, alcaldes de Piamonte, Cauca, y Carurú, Vaupés, respectivamente, habrían incurrido en actos irregulares al realizar contratos para atender las necesidades de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Según el ente investigador, el alcalde Manuel Cuellar se presentó, junto a su contratista Manuel Antonio Gutiérrez, ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos por su supuesta responsabilidad en el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, explicó el comunicado.

El mandatario del municipio del Cauca habría asignado contratos por un valor de 227 millones de pesos al contratista Gutiérrez, amparado en una declaratoria de calamidad pública por coronavirus. Según la Fiscalía, dentro de los elementos de pruebas se encuentra que el señor Gutiérrez habría financiado la campaña política del alcalde.

Por otro lado, un fiscal seccional del Vaupés, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales para el COVID-19, investigaron a la alcaldesa de Carurú, Fanny Narváez, por “presuntas anomalías detectadas en la celebración del contrato 025 del 27 de marzo de 2020”, contrato con el que se estableció la adquisición de combustible para vehículos oficiales que se encargaban de la distribución de mercados, kits de prevención y otros servicios para ayudar a la población del municipio durante la pandemia.

“El material probatorio permitió conocer que la mandataria decretó la urgencia manifiesta. El acto administrativo definió una serie de actividades y compras, pero no contempló el abastecimiento de gasolina. Esta contratación debía hacerse mediante un proceso abreviado con selección y evaluación de propuestas, entre otros requisitos que contempla la ley que, al parecer, no fueron tenidos en cuenta”, afirmó la institución.

La Fiscalía imputó a la funcionaria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Una juez de control de garantías le impuso medida no privativa de la libertad a la funcionaria y el pago de una caución de tres salarios mínimos legales vigentes.

Estos no serían los únicos funcionarios que, durante este año, tendrían que responder por utilizar de manera irregular los dineros destinados para atender la pandemia por COVID-19. Según información de la Fiscalía compartida por el Noticiero de Canal Uno, después de que el ente investigador analizara más de 6.000 contratos, valorados en más de 660 mil millones de pesos, que debían ser destinados para atender la emergencia sanitaria, más de 20 alcaldes desviaron estos recursos o suscribieron contratos de forma irregular.

Por la pandemia del COVID-19, las contrataciones en Colombia cambiaron de manera radical para priorizar la adquisición de insumos para sobrellevar la pandemia. Hubo un aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies para brindar celeridad y mayor ejecución a las compras públicas, y se habilitó la sonada contratación por urgencia manifiesta.

La causal de contrato para contingencia de la pandemia permite que todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la pandemia se puedan contratar sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad contratante.

Bajo esta causal se contrataron mercados solidarios, insumos de protección, materiales para medidas de bioseguridad, obras y ayudas en servicio médico para suplir la demanda. Sin embargo, contratos de elevadas cuantías comenzaron a aparecer en las plataformas con irregularidades por idoneidad, inhabilidades, sobrecostos, acaparamiento, cartelización e inexistencia de población beneficiaria.

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