Ley de Sobornos castigará empresas internacionales por corrupción en Colombia

Apenas inició su trámite en el Congreso, pero la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado, o Ley anticorrupción, comienza a dar de qué hablar por sus alcances en la resolución de escándalos como Odebrecht, por ejemplo, al promover inhabilidades que afectarán a las personas jurídicas culpadas de corrupción en Colombia. En declaraciones para Revista Semana, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, una de las entidades protagonistas en la conformación del articulado presentado por el Presidente Iván Duque en los últimos días de octubre, esclareció el marco sobre el que operará dicha ley para que las sanciones no queden en el papel y se traduzcan en resultados tangibles, como en el caso del megaconsorcio brasileño, del que promete, en una acción conjunta con Cancillería, un veto cuya extensión será de 20 años.

Para Gómez, la ley cuenta con dientes para que las personas jurídicas respondan ante las autoridades por los casos de corrupción. En sus palabras: “La lucha contra la corrupción tiene que tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician, no solo es despedir al representante legal o al social o al administrador”, por lo que la Agencia, amparada en el Decreto 1358 de 2020 que reglamenta la Ley de Soborno Trasnacional busca atacar directamente a este tipo de figuras jurídicas y su injerencia en sonados episodios de corrupción en el país. Para ello solicitará expedientes de otros países en los que empresas con intereses en Colombia estén involucradas, con el propósito de utilizarlo como material de prueba, mientras que las sentencias proferidas en el país, servirán para inhabilitar a administradores, contratistas, representantes legales, incluso socios, que hayan cometido un acto de corrupción.

Este acopio de sentencias suplirá un vacío en cuanto a material de prueba, necesario para que la Ley de Soborno ejecute las sentencias en contra de Odebrecht y sus directivos. Gómez afirma que esta acción será de doble vía e incluirá a las nacionales, “la Agencia ya comenzó el trámite para que vía Cancillería se soliciten las sentencias contra los directivos de la brasileña; una vez agotado esto se procederá a registrar la inhabilidad. Lo mismo para las empresas nacionales, hay que recopilar estas decisiones judiciales para hacer que la inhabilidad que opere en virtud de la Ley”.

Para la Agencia, la tarea de definir hasta dónde llegó la influencia de la corrupción privada en lo público es una labor que preserva el patrimonio de la nación. La inhabilidad obliga a las empresas a desarrollar políticas coherentes con su agenda corporativa y a los organismos de control a aplicar con todo rigor las herramientas de las que disponen para contener un flagelo que cuesta billones de pesos en demandas.

El proyecto de ley, recientemente incorporado a los debates virtuales del Congreso, es producto de las sesiones de la Comisión Nacional de Moralización e incorpora un apartado para quienes establezcan denuncias contra fenómenos de corrupción contra el estado que permite proteger a testigos en un programa especial para mantener la integridad y garantizar las denuncias durante el proceso de investigación fiscal. Las vocerías en congreso las asume la Vicepresidenta, mientras la Agencia de Defensa del Estado, avanza en las investigaciones tendientes a castigar a responsables de corrupción en el país.

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