Adriana María Guzmán, una de las concursantes para el cargo de contralor de Bogotá, denunció ante el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, y otras entidades estatales, que las mujeres que hacían parte de la lista de los 43 funcionarios calificados para tomar la jefatura de la Contraloría, fueron ignoradas en el proceso de selección.
Con el argumento de que no se tomó en cuenta el componente de equidad de género para la conformación de la terna que será proclamada por el Concejo de Bogotá, Guzmán habla incluso de interponer una tutela para que se revise el caso, decisión que podría retrasar la toma del cargo más de lo que ya la extendió la llegada de la pandemia.
“No entiendo para qué invitan a jugar bajo unas reglas y principios. Tampoco sé para qué se gasta tanto dinero si al parecer casi desde que empieza el proceso está dirigido”, acusó la aspirante al cargo en una entrevista con El Espectador.
Y es que según la funcionaria, lo que denuncia hace parte de uno de los actos legislativos que sustenta, literalmente, que “los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde”.
Para esta semana, se prevé que se lleve a cabo el último examen de los tres funcionarios seleccionados para el cargo ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, para luego, tener la prueba final, que es la entrevista ante el Concejo de Bogotá el próximo 6 de noviembre. Sin embargo, la denuncia de Guzmán podría frenar el proceso en caso de demostrarse que tiene razón.
El caso ya está expuesto ante la presidencia y la mesa directiva del Concejo, la vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Personería y Veeduría de Bogotá, para que, según Guzmán, estas entidades garanticen el principio de equidad de género durante el proceso que dejó a cinco mujeres por fuera de la posibilidad de convertirse en la cabeza del ente de control fiscal en Bogotá.
La terna conformada por Andrés Castro Franco, Héctor Julio Garzón Vivas y Jairo Alberto Páez Domínguez, dejó a un lado a las cinco mujeres que no solo habían aprobado las pruebas de conocimiento, sino que también contaban con altos puntajes en las categorías de evaluación de conocimiento, formación, experiencia profesional, la docencia y producción de obras en el ámbito fiscal.
Guzmán cuestionó el proceso y destacó que, “siempre se invoca a la transparencia, objetividad, publicidad, participación ciudadana y, entre otras cosas, el tema de género. ¿Para que invocan a cumplir unos principios, si a la hora del té es más de lo mismo? Siempre se espera que incluya a una mujer en la terna, y muchas concejalas se comprometieron a ello, pero no fue así”.
Los procesos, de por sí ya demorados en el Concejo de Bogotá como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la covid-19, empezarían más tarde de lo normal, y reducirían en tiempos considerables la estadía de los nuevos funcionarios en sus cargos.
El elegido para el cargo, luego de estudiar la denuncia de Guzmán, estará al mando desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 29 de febrero de 2022, periodo al que se le restó un año de labores del posible nuevo funcionario en solo el proceso de selección. Quien sea elegido deberá hacerse cargo de supervisar los dineros destinados para, entre otras mega obras, el metro de Bogotá, el Corredor Verde de la Séptima, las nuevas troncales de Transmilenio y la PTAR Tunjuelo Canoas.