El general (r) Rito Alejo comparecerá ante la JEP por la barbarie cometida en Urabá

El macrocaso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca esclarecer los hechos ocurridos en Urabá, Bajo Atrato y Darién cometidos presuntamente por miembros de las FARC-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.

El general (r) Rito Alejo del Río se acogió al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición y aceptó acudir a rendir su versión el próximo 11 de diciembre a las 8:00 a. m para hablar del conflicto en esta región del país, ya que organizaciones de derechos humanos han denunciado sus vínculos con grupos paramilitares.

Del Río es conocido como “El Pacificador de Urabá” por la guerra que emprendió contra las FARC-EP en esta región del país. Desde septiembre de 2017 está en libertad, luego de permanecer ocho años detenido.

Además del asesinato de Marino López Mena, ocurrido durante la operación Génesis del Ejército, es investigado por la masacre de Mapiripán, departamento de Meta, a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, el magnicidio de Álvaro Gómez y el magnicidio de Jaime Garzón. Tanto Del Río como su defensa, han asegurado que no se aceptará ninguna verdad ni responsabilidad en los hechos. “No asume compromisos de no repetición porque, si no ha cometido ningún hecho, no puede garantizar el no repetirlo”, aseguró el entonces abogado defensor Édgar Torres a Noticias Caracol en 2017.

El general (r) llegó como comandante de la Brigada XVIII en 1995. La guerrilla se expandía por la región del Urabá y Del Río no dudó en declararse su enemigo y atacarla con toda la fuerza posible. Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, llegó también a librar la batalla contra los grupos guerrilleros y se alió con Del Río para emprender una robusta ofensiva militar.

Fue así como se llevó a cabo la operación Génesis, entre el 24 y 27 de febrero de 1997, en el Bajo Atrato chocoano, cuenca del Río Cacarica. El Ejército y paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Freddy Rendón, alias El Alemán atacaron al frente 57 de las FARC-EP. Durante la operación, el líder chocoano Marino López Mena fue decapitado frente a la comunidad. Incluso, los paramilitares que perpetraron el hecho jugaron futbol con su cabeza. Además, 3500 habitantes fueron desplazados por la ofensiva militar y paramilitar. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por no haber protegido a la comunidad del Chocó.

Salvatore Mancuso, José Everth Velosa alias H.H, El Alemán y Carlos Mauricio García, alias Doble Cero han declarado, en varias oportunidades, que se reunieron con el general (r) para preparar incursiones de manera conjunta, según El Espectador.

La masacre de Mapiripán, por la que también es investigado Del Río, fue perpetrada del 15 al 20 de julio de 1997. En este municipio ubicado en límites entre el departamento de Meta y Guaviare, varios paramilitares de distintas zonas del país asesinaron a pobladores, primero del caso urbano y luego del área rural, con respaldo del Ejército. El 12 de julio, según la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, arribaron 100 paramilitares del Clan Castaño Gil, máximos jefes de las AUC, en dos aviones y fueron transportados a una guarnición militar.

El 15 de julio inició la masacre. Antes del amanecer, los paramilitares llegaron a las casas y, con lista en mano, se llevaron a quienes consideraron guerrilleros o sus auxiliadores, los torturaron y, en el matadero municipal, los asesinaron. Según testigos, fueron casi 100 las víctimas. El coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, en ese entonces oficial de inteligencia de la Brigada XVII, fue quien ayudó a desplazar a los paramilitares a la zona y recibía órdenes de Del Río, señala El Espectador.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, Del Río fue retirado de su cargo por el escándalo de lo sucedido en Chocó y la presión de organizaciones de derechos humanos. Pese a ello, su cercanía con Álvaro Uribe Vélez le permitió continuar vinculado con el Estado, e incluso, ser asesor del DAS.

En 2001, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y, pese a estar formalizada, el nuevo fiscal ordenó su libertad. No fue sino hasta 2009 que la Procuraduría General presentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema y, en 2012, se logró la sentencia condenatoria por la muerte del líder Mena.

En febrero de 2019 y ante el grupo Reserva Fuerzas Armadas y Sociedad Colombia, Del Rio aseguró que, cuando el padre Francisco de Roux lo invitó a hablar de los hechos ante la JEP, él le respondió que los delincuentes eran los congresistas y los presidentes, pues han estado involucrados en los hechos por los cuales es juzgado: “a nosotros nos hacen las leyes, nos dan la orden de que las cumplamos, nos dan plazo para cumplirlas”, reiteró. Además, en dicha reunión, aseguró que le preguntó al padre de Roux: “¿quién es más criminal, el que aprieta el gatillo o el que lo hace apretar?”.

En 2018, la Fiscalía interpuso medida de aseguramiento contra Del Río por la masacre de Mapiripán. Los testimonios de Alias H.H, Elkin Casarrubia, alias El Cura y Raúl Hasbún vinculan a Del Río con los hermanos Castaño.

El macrocaso 04 de la JEP

Este caso se abrió el 11 de septiembre de 2018 y ha analizado 29 informes, de los cuales 21 son de distintas fuentes institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros informes provienen de organizaciones de mujeres víctimas de violencia sexual y de defensa de Derechos Humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo y de una organización indígena. En este expediente han sido acreditadas 35.174 víctimas entre 1986 y 1994.

Para esclarecer la verdad, han comparecido integrantes de los frentes 5, 31 y 57 del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP y miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Las conductas que afectaron a la región fueron enmarcadas por la JEP: muerte violenta, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, métodos y medios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), omisiones de la fuerza pública y daños ambientales a la población civil.

Hasta la fecha, se han vinculado 249 personas activas, retiradas y separadas de la fuerza pública, se han realizado cinco diligencias colectivas de construcción de la verdad enfocadas en la primera década del conflicto armado en Urabá y se han desarrollado 45 versiones voluntarias.

Según la magistrada del caso, Nadiezhda Henríquez, el relato del general (r) Del Río acerca de su papel en el comando de la Brigada 17 desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997 “puede ser de utilidad para robustecer los hallazgos de la Sala de Reconocimiento durante este periodo, en el marco de la investigación de la situación territorial de Urabá”.