Las preguntas sin respuesta que enturbian el caso Colmenares diez años después

Tras una década de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes en la noche de Halloween de 2010 y la acusación y absolución, en primera instancia, de Laura Moreno y Jessi Quintero, abogados de las jóvenes recuerdan que existieron irregularidades por parte de funcionarios que hicieron pensar que sus clientes eran cómplices del supuesto crimen.

Según la revista Semana, mientras las partes siguen aguardando el tardío veredicto del tribunal superior de Bogotá, los abogados están tomando las medidas para que se cumplan una serie de órdenes que impartió la jueza al descubrir actos irregulares por parte de funcionarios y otros implicados en el caso.

Una de las órdenes de la togada incluiría al primer grupo de bomberos que se encargó de buscar a Colmenares aquella madrugada de Halloween, en inmediaciones del parque El Virrey, al norte de Bogotá. El testimonio de estos rescatistas fue clave para que la hipótesis de un supuesto crimen cogiera vuelo.

“Inicialmente, los bomberos aseguraron que habían inspeccionado todo el canal y que habían entrado al túnel, que pasa bajo la carrera 15, punto donde está el CAI Comando de Atención Inmediata de la Policía, pero en el juicio este el primer grupo de bomberos admitió que en realidad nunca habían entrado al túnel, sino que simplemente se habían asomado a las bocas y, desde allí, trataron de iluminar con sus linternas el interior del túnel de 67 metro de longitud”, detalló la revista.

Tras estas declaraciones por parte del primer cuerpo de bomberos, la revista Semana indicó que la jueza accedió a realizar una inspección en el lugar con los mismos bomberos y a la misma hora, estos repitieron el ejercicio de aquella madrugada y aseguraron que eso era suficiente para establecer que no había nada dentro del túnel, pero se llevaron una sorpresa cuando dos asistentes se adentraron y sacaron un maniquí que habían puesto en el punto donde la segunda brigada rescatista, que sí entró al túnel, halló a Colmenares.

De otro lado, para darle sustento a la teoría del caso, el fiscal Luis González presentó un testigo el cual aseguró haber visto que Colmenares fue atacado en el Parque el Virrey por jóvenes que usaban una camioneta, pero se probó que el testigo a esa hora se encontraba en otro punto de la ciudad, cumpliendo un turno como celador.

“El fiscal, sin sonrojarse, días después consiguió un segundo declarante, pero sucedió algo similar como el anterior y quedó claro que esté también mentía. Luego, trajo un tercero que resultó aún más contradictorio que los anteriores”, indicó la publicación de Semana. Al final, los tres falsos testigos aceptaron que les habían pagado con el objetivo de mentir y fueron condenados.

Ante estas irregularidades, la jueza ordenó compulsa de copias contra el fiscal González y contra otros dos que lo habían relevado en el caso. La togada señaló que todos ocultaron evidencia que les resultaba inconveniente y que deliberadamente trataron de llevar a un error a la justicia.

El otro duro cuestionamiento de la jueza, que también con orden de compulsa de copias, fue contra el forense particular Máximo Duque, quien exhumó el cadáver 10 meses después del fallecimiento y, presentó un informe en el que, concluyó que la muerte de colmenares no es compatible con caída de altura, sino con homicidio.

Con este argumento, el fiscal González insistió que las versiones de Laura y Jessy y de la de más de una decena de universitarios eran falsas, afirmó que entre ellos había un pacto de silencio criminal.

Durante dicho juicio, la revista Semana señaló, que se expusieron fotos de la exhumación y se escuchó el testimonio del forense, en donde quedó claro que su procedimiento fue poco profesional.

“Duque puso el cuerpo sobre cartones, empleó un cuchillo de cocina y manipuló la osamenta de tal forma que produjo lesiones cervicales, las cuales registró como premorte. Ante eso, la juez ordenó que Duque fuera investigado tanto disciplinaria como penalmente” señaló la revista.

En 2019, el abogado Pedro Aguilar, uno de los defensores de Laura Moreno, acudió al centro de servicios judiciales de Paloquemao, que es el ente encargado de atender las órdenes de los jueces del circuito de Bogotá.

Allí, al revisar el expediente, y leer la respuesta oficial, constató que no se cumplió con la realización de dichas compulsas por parte de este centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio. Es decir, qué las órdenes que impartió la jueza 11 de conocimiento para que se investigará a Fiscales, peritos y bomberos hasta ahora no se ha atendido.

“Esto no puede ser, en los próximos días vamos a presentar las respectivas acciones disciplinarias y penales. Las disposiciones de los jueces no pueden quedar en un saludo a la bandera”, concluyó el abogado Aguilar.