Mientras el Ministerio de Defensa afirma que “Todo está listo” para reiniciar la aspersión aérea en territorios con sembrados de hoja de coca y amapola, en el Senado de la República avanza la discusión en torno al proyecto de ley 120, “Por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas”, para frenar la implementación de esta herramienta en la lucha que Colombia lleva en contra de los cultivos ilícitos.
Antonio Sanguino, principal vocero del Partido Alianza Verde en esta iniciativa, manifestó en la reunión virtual a la que asistieron miembros de la Comisión Quinta, así como representantes de la sociedad civil vinculados a esta causa, que el país insiste en la utilización del glifosato pese a que, según el congresista, ha demostrado ser ineficiente tanto en la erradicación de cultivos como en el impacto negativo que tiene la aspersión aérea en la salud de los campesinos de las zonas aledaños a éstos. Además agregó que, hasta el momento, son 18 países del mundo los que han prohibido el uso del herbicida, mientras que en Colombia insisten en su utilización, sin revisar a fondo estrategias alternativas, como por ejemplo la erradicación manual. Para el congresista Sandino, el proyecto de ley 120 tiene validez en cuanto “No solo es prohibir, sino que se propone una estrategia alternativa para erradicar cultivos ilícitos”, lo que es una réplica indirecta a las declaraciones del titular de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien, en declaraciones para la revista Semana, se mostró convencido que las aspersiones reiniciarán en 2021 mientras se terminan de cumplir los mandatos vinculantes que la Corte Suprema de Justicia ha impuesto para este caso.
La audiencia contó con miembros de la sociedad civil que acompañan el proyecto al lado de la vocería del Partido Alianza Verde, cuyas posiciones en conjunto están en contra de la iniciativa de MinDefensa de reiniciar la aspersión aérea. Desde Francisco Vera, el niño ambientalista de 11 años que moviliza opinión pública desde sus redes sociales, hasta figuras de la ciencia como Rosarina González Forero, ingeniera química, que subraya la carencia de una legislación contundente en el tema de contaminación de suelos y ríos en Colombia.
En la otra orilla, representantes de la bancada de gobierno como Alejandro Corrales, del partido Centro Democrático, considera que la aspersión aérea no es costosa y sus resultados pueden ser de utilidad para el marco de una estrategia conjunta en la erradicación de los cultivos ilícitos: “el glifosato fue creado para erradicar plantas nocivas y se usa en todo el mundo agrícola, no es cierto que la aspersión aérea sea la más costosa, es la más barata en comparación con la erradicación manual”. A lo que, en su derecho de réplica, el congresista Jorge Eduardo Londoño contestó que “esta es una práctica nefasta que ha demostrado que no funciona, asperjar tan solo una hectárea cuesta entre 70 a 100 millones de pesos”, resaltando el costo económico de esta parte de la estrategia antidrogas.
Las voces de quienes sentirían el impacto en los territorios se hizo sentir a través del diputado por Caquetá, Víctor Armero, que resaltó la importancia de diferenciar a los miembros de la comunidad de los de los grupos criminales, que sostienen fuertes peleas por los territorios: “No se debe estigmatizar al campesino ni al cogedor de coca como un narcotraficante, ellos son víctimas de este flagelo”.
Mientras se decide el tránsito del proyecto, cuya siguiente sesión se programó para el próximo 4 de noviembre a través de medios virtuales, la voz del ambientalista de 11 años dejó en el ambiente una reflexión que sirve para reflejar las tensiones entre los bandos en una discusión que será fundamental para las políticas en torno a los cultivos ilícitos: “Nuestro planeta es la única casa que tenemos, el glifosato, el fracking y el cambio climático están acabándolo, legislen para la vida”.