Este miércoles 28 de octubre, el proyecto de ley que busca flexibilizar la tenencia y porte de armas de fuego en el país pasó su primer debate en la Cámara de Representantes. Por unanimidad, la Comisión Segunda aprobó la iniciativa que lidera el representante conservador Juan Carlos Wills.
Según explicó Wills, el proyecto tiene como objeto establecer el carácter excepcional de la suspensión de los permisos de tenencia y porte de armas dentro del territorio nacional otorgado por el Gobierno Nacional, a las personas que cumplen con los requisitos para la obtención de dicho permiso.
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Una polémica propuesta en un país como Colombia, con una alta tasa de violencia, pero que para el congresista se trata de “darle seguridad jurídica a todas las personas que tienen salvoconductos; quienes a hoy, aún cuando han pagado el costo económico y han superado todos los filtros establecidos para la obtención del permiso de porte y tenencia de armas, se encuentran en la imposibilidad de ejercer ese derecho y cuidar de su integridad física”.
El ciudadano tiene derecho a la legitima defensa, pero eso no significa que todos deban tener un arma. El permiso tendría presente el estudio de seguridad que entreguen la Unidad Nacional de Protección y la Policía; y de igual manera, se revisaría tanto la profesión del amenazado, como sus ingresos y actividades comerciales.
En 2019, el ministro de Defensa del momento Guillermo Botero, trató de liderar la discusión para flexibilizar el porte de armas en Colombia, acompañado de varios congresistas que pidieron permisos especiales para ganaderos y otros empresarios del campo que sienten amenazada su seguridad.
En su momento, la Fundación Ideas para la Paz señaló que flexibilizar el acceso y porte de armas sería un retroceso en la seguridad ciudadana.
“Los permisos especiales ya existen, así como una relativa discrecionalidad de la autoridad militar en otorgarlos a través de un comité evaluador. Se ha anunciado que la nueva reglamentación reducirá esa discrecionalidad. En este punto es importante tener en cuenta que los permisos especiales responden a una lógica de excepcionalidad”, argumentó la fundación.
Así mismo, señalaron que ni la restricción al porte de armas, ni armar a los ciudadanos para que se defiendan, son soluciones al problema de la inseguridad. Sin embargo sustentan:
Estudios internacionales sobre armas de fuego en manos de civiles y el aumento del homicidio, establecen que no existe una relación directa entre las dos variables. Hay países fuertemente armados, pero relativamente pacíficos y viceversa.
En Colombia podrían estar circulando alrededor de 2,5 millones de armas ilegales y más de 560 mil armas con permisos, de las cuales, más de la mitad están en manos de empresas de seguridad, en un contexto en el que se encuentran todos los factores de riesgo mencionados en el párrafo anterior.
Por último, la Fundación Ideas para la Paz recalcó que las acciones de control, decomiso y destrucción de armas son estrategias más eficientes para reducir el homicidio, al igual que las acciones de control de porte de armas.
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La iniciativa se prepara para ser discutida en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Si supera esa discusión volvería a la Comisión Segunda del Senado para su tercer debate, y si pasa, la plenaria de esa corporación definiría si es enviada a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
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