Con la frase “Pague el derecho del actor” y un video en el que aparecen reconocidos actores colombianos, como Julio César Herrera, Juan Sebastián Aragón, Marcela Carvajal, Consuelo Luzardo y Andrés Parra, entre otros, el gremio de los intérpretes pide a grandes empresas de televisión por suscripción, como DirecTv, Movistar, Claro, y Tigo Une, que les paguen sus derechos.
Según los actores, es preocupante que, después de 10 años de sancionada la ley 1403 o ley ‘Fanny Mikey’, en la que se establece el pago de “una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales”, esos cuatro grandes operadores completen una década sin pagarles lo que la ley establece.
“Nuestro gremio atraviesa momentos difíciles”, aseguran los integrantes de la Asociación Colombiana de Actores (ACA) en un comunicado. La cancelación de las grabaciones en el país por cuenta de la pandemia por el COVID-19 dejó a los actores colombianos en sus casas y sin posibilidades de trabajar.
La crisis llegó a los canales de televisión, al no poder emitir producciones nuevas, pero el salvavidas fueron las producciones que, a pesar de los años, seguían siendo recordadas por los colombianos y podían transmitirse nuevamente. Razón por la que, hoy por hoy, al pasar por los canales nacionales, los televidentes se encuentran con producciones como “Betty la fea”, “Pasión de Gavilanes”, “La hija del mariachi” y “Pedro el escamoso”, entre otras.
Según la ley, los actores que participaron en estas producciones deben recibir una remuneración por la retransmisión de su trabajo. Así lo explicó Santiago Cabrera, director ejecutivo de la Asociación Sociedad Colombiana de Gestión, al diario El Tiempo. “Cada vez que emiten una obra en la que está un actor, hay una remuneración que debe salir de los canales y los operadores de cable, entre otros”.
En el reclamo, los actores aclaran que 18 pequeños operadores, ETB, y los canales Caracol y RCN, pagan el derecho de comunicación pública establecido en la ley 1403. Además, recalcan que “lo más insólito” es que tienen la certeza de que DirecTv, Movistar, Claro, y Tigo Une pagan estos derechos en países como Argentina, Chile y Perú.
“El derecho que nos concedió la ley 1403 es el único recurso económico con el que contamos para mitigar la intermitencia de nuestro trabajo (...) Sabemos que se han iniciado acciones judiciales para reclamar el pago, pero, como es previsible, los pronunciamientos por parte de los jueces tomarán un tiempo significativo”, se lee en el comunicado compartido por los intérpretes.
Este derecho se liquida anualmente y el pago a los actores depende de su papel en la obra y el éxito de esta. Según la Asociación Sociedad Colombiana de Gestión, el 10% de esos recursos son destinados a programas de bienestar social. “El año pasado se destinaron para este apartado 660 millones de pesos, con los que se pagaron subsidios para actores no pensionados (que son 60), subsidio al desempleo (para los que ya no pueden trabajar) y para cancelar las residencias de quienes no tienen familia ni apoyo”, contó Cabrera al medio.
Juan Sebastián Aragón y Julio César Herrera explicaron la situación en una transmisión en vivo en el portal de Semana. “Hay algunos cableoperadores que sí responden a este derecho, son solo el 4% de los cableoperadores que no, pero estamos hablando de que Movistar, Tigo Une, DirecTv y Claro tienen el 80% del mercado”, explicó Herrera.
“Es un derecho que le permite a los actores disfrutar del éxito de sus obras, ahora que hemos visto que durante la pandemia se han repetido tantas obras que se hicieron hace 15 o 20 años y, que otra vez conquistan el corazón de los colombianos, es apenas justo que los actores reciban parte de ese dinero (...) sí nos hemos sentado con ellos a conciliar, pero lamentablemente no se ha podido” aseguró Aragón.
El gremio de actores hizo un llamado al Ministerio de las TIC y al Gobierno para que realicen la debida inspección y vigilancia sobre los cableoperadores que no pagan sus derechos. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco, quien fue ponente de la ley Fanny Mikey, aseguró que citará a debate al Ministerio del Interior y al de las TIC “para que expliquen porque grandes cableoperadores no pagan y Gobierno no actúa”.
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