Gobierno anuncia medidas para proteger la vida de excombatientes de las FARC-EP

Tras una reunión del consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, con otros delegados estatales, el Gobierno aseguró que tomará medidas para reforzar y garantizar la seguridad de los exguerrilleros que hoy están amenazados en varias regiones del país. El encargado de anunciar las decisiones acordadas por el grupo de funcionarios fue Alonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien confirmó la designación de 152 chalecos de protección, 686 escoltas, 44 vehículos, 41 analistas de riesgo y 152 medios de comunicación para la protección de los exguerrilleros.

Según la Fiscalía, el 60% de los asesinatos de exmiembros de la guerrilla se ejecutan en cinco departamentos: Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Los responsables del 70% de los ataques en estas regiones del país son el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el EPL (Ejército Popular de Liberación).

Archila reiteró que “no puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente a estos ataques”. Señaló también que se han esclarecido el 50% de las 319 afectaciones contra desmovilizados y sus familiares desde 2017, se ha logrado la captura de 141 personas, 257 han sido vinculadas a investigaciones y se han dictado 53 órdenes de captura.

De acuerdo con los anuncios, el Gobierno también dispuso del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), conformado por 2.225 efectivos de 70 pelotones del ejército y 871 de la Unidad Policial para la Edificación de la PAZ (UNIPEP), para brindar protección a los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La mesa de seguridad, además, estuvo conformada por Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación; el coronel José Restrepo, director del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, y la coronel Patricia Lancheros, directora de la Unidad Especial para la Edificación de Paz de la Policía Nacional, quienes ratificaron el interés del gobierno del presidente Iván Duque por proteger la vida de los reincorporados.

Andrés Stapper señaló que desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se fortalecen tres medidas dentro de la estrategia del gobierno nacional para la protección de la población excombatiente: el enfoque de seguridad humana integral, el fortalecimiento los procesos de reincorporación y el desarrollo de proyectos productivos para la sostenibilidad económica de las familias.

Alfonso Campo Martínez, en entrevista con W Radio, aseguró que la implementación de las medidas ha sido, en lo posible, rápida, diligente y eficiente, pues se reciben, aproximadamente, 4.000 solicitudes mensuales de líderes que consideran estar en riesgo. Por ello, la Unidad Nacional de Protección debe hacer filtros para priorizar las necesidades de primer orden.

Martínez también señaló que, desde que asumió la dirección, se ha reunido con más de 1.000 funcionarios de la UNP y ha adelantado reuniones con alcaldes y gobernadores para garantizar los derechos humanos de los exmiembros de las extintas FARC-EP. Además, en el balance de los 100 días de gestión, el director aseguró que se ha dado apertura a cuatro nuevas sedes en Cauca, Risaralda, Guajira y Cesar. También, se han invertido $85.000 millones en la protección de excombatientes y se logró la vinculación laboral de 1.305 miembros de UNP.

“Hoy tenemos 7.659 protegidos en Colombia, de los cuales 3.699 son líderes sociales, aproximadamente el 48%. Ahí está un esfuerzo grande del gobierno nacional”, reiteró el director de la UNP. También se adelanta el programa UNP en Territorio, cuyo propósito es promocionar y socializar la idea de “seres humanos protegiendo a seres humanos”. Su última intervención se realizó en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda con la entrega de 1.512 medidas de protección que incluyeron linternas doble propósito, chalecos tipo periodista, gorras en tela antifluido, comunicación punto a punto de 10km, botas de caucho y carpas de camping al Resguardo Indígena Unificado Embera Chami. Las medidas se tomaron teniendo en cuenta el estudio realizado por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

Actualmente, los firmantes del Acuerdo de Paz se movilizan desde distintas regiones del país hacia la ciudad de Bogotá en rechazo a los asesinatos perpetrados contra los desmovilizados de las extintas FARC-EP. Esta caravana por la vida busca visibilizar los riesgos a los que están expuestos, exigir garantías al gobierno nacional y el cumplimiento de los acuerdos.

Además, el partido FARC, en cabeza de la senadora Victoria Sandino, presentó un proyecto de ley que propone el acceso a la pensión a los 55 años para los agentes de protección de la Unidad Nacional de Protección UNP), sin alterar el mínimo de las 1.300 semanas del régimen actual. La propuesta se hace al contemplar que trabajan más de 72 horas semanales y, sobre todo, busca reconocer la carga laboral de los más de ocho mil miembros dedicados a proteger la vida de líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos, líderes en temas étnicos, de género, políticos y firmantes de los acuerdos de paz, reitera Sandino. También se espera reconocer el riesgo al que se exponen por cuenta de su trabajo.

Pese a los distintos programas del gobierno nacional para fortalecer la seguridad y brindar acompañamiento a los desmovilizados, “persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales”, denunció la JEP en el mes de julio.